"La impunidad se ensañó con el caso de Diego Felipe Becerra", familiares del joven grafitero

El joven solamente portaba pinturas y aerosoles en su maletín. Las pruebas forenses concluyeron que nunca había portado un arma de fuego, situación que tumbaba de un solo tajo las acusaciones que estaban haciendo en diferentes medios de comunicación oficiales de la Policía Nacional.

Ahora se tenía que demostrar quién había “plantado” un arma de fuego y qué se buscaba con esto. La abogada Myriam Pachón, quien asumió la defensa de los familiares de Diego Felipe desde el principio, aseguró que todas las pruebas evidenciaban desde el principio que se intentó alterar la escena del crimen con el único propósito de desviar la investigación y hacer pasar al joven como un delincuente juvenil.

Para la jurista, desde la Policía Nacional se buscó evadir la responsabilidad del patrullero Alarcón en el crimen y para esto se puso en marcha un plan para ocultar las pruebas y evidencias que demostrarían que se atacó por la espalda y a muy corta distancia a Diego Felipe sin ningún tipo de justificación.

El patrullero Alarcón

En octubre de 2011 la Fiscalía General, en cabeza de Viviane Morales, envió investigación por el crimen de Diego Felipe Becerra pasó a la Justicia Penal Militar señaló que se trataron de hechos del servicio que debían ser analizados y estudiados por el juez natural de los integrantes de la Institución.

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Sin embargo, tras resolver un conflicto de competencias, en noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura ordenó que el proceso pasara a la justicia ordinaria al considerar que estaba muy lejos de ser un “acto de servicio” ya que se atentó contra la vida de un menor de edad en hechos aislados.

La abogada Pachón recuerda que este fue el principio de una serie de amenazas y hostigamientos en contra de los familiares del joven y quienes habían asumido la defensa del caso. “Enfrentarse a la Policía Nacional ha sido bastante fuerte por las constantes persecuciones”.

El patrullero Wilmer Antonio Alarcón fue procesado por el delito de homicidio agravado. Después de cinco años se logró una sentencia de 37 años y seis meses de prisión. Sin embargo, el día anterior a la lectura de este fallo un juez de control de garantías ordenó la libertad del uniformado por un vencimiento de términos en el proceso que se adelantaba por la manipulación de la escena del crimen.

“Se logró una condena, pero dejaron libre al homicida”, aseguró Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe, al considerar que la impunidad se ha ensañado con este caso puesto que siempre se buscó beneficiar al patrullero Alarcón. Después de tres años el uniformado sigue siendo prófugo de la justicia y lo peor es que parece que nadie lo está buscando.

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Recuerda que el recurso de apelación sigue en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sin que se haya tomado una decisión de fondo. Considera que han utilizado un tecnicismo jurídico frente a la falta de una segunda instancia para seguir con el operativo para capturar al patrullero.

La abogada Pachón considera que esto representa un duro golpe al proceso puesto que era evidente que se quería proteger a Alarcón y se buscó la manera de ayudarlo a fugarse y así evadir la justicia condenatoria.

Manipulación de la escena del crimen

Nelson Rodríguez, Fredy Navarrete y Nelson Giovanny Tovar, uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, ya firmaron un principio de oportunidad en el que se comprometieron a contar toda la verdad sobre los hechos que rodearon la adquisición de un arma de fuego en el “mercado negro” y la ubicación intencionada de la misa en el lugar donde el patrullero Alarcón le disparó a Diego Felipe.

En sus primeras colaboraciones entregaron los nombres de varios oficiales que entregaron la orden directa de alterar la escena del crimen. Reseñaron que el arma adquirida tenía fallas en su manejo, hecho por el cual se debían utilizar elementos externos para poder lograr accionarla.

Los mismos testigos han sido víctimas de amenazas y atentados en contra de su integridad personal para que dejen de colaborar ante las autoridades. Debido a esto se ha ordenado proteger la vida de los tres uniformados.

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“Los testigos dicen quién llevó el arma (…) El mismo compañero de Alarcón dice que nunca vio un arma en el lugar”, precisó la abogada Myriam Pachón. Considera que con este actuar “intentaron engañar a varios funcionarios públicos y a la opinión pública”. EN su decir todo esto fue avalado por oficiales de la misma Policía.

Después de 60 meses el juzgado de conocimiento finalizó las audiencias preparatorias de juicio. Sin embargo, la falta de reconocimiento de “testigos clave” llevaron a la representante de víctimas a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se avale la declaración en juicio de dos agentes de contrainteligencia que estuvieron en la escena del crimen y del mismo patrullero que llevó la pistola hasta el lugar.

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Consideran que estos testimonios son fundamentales a la hora de demostrar el plan que se ejecutó esa noche para “plantar” el arma y así desviar toda la investigación judicial.

Pese a las constantes amenazas, seguimientos y hostigamientos, los familiares de Diego Felipe y la defensa consideran que no descansarán hasta lograr justicia en este caso y llevar ante los jueces a todos aquellos que intentaron afectar el buen nombre del joven de 17 años.