La ley no es clara: abogados sobre supuestas presiones a jueces para no liberar a voceros de paz
Para los litigantes y sindicalizados el presidente Petro se equivoca.
Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestas presiones a los jueces para que no liberen a los jóvenes designados como voceros de paz, los trabajadores de la Rama Judicial y abogados respondieron que la ley que establece cuáles son los privados de la libertad que pueden acogerse a esta figura no es clara
Tres jueces de control de garantías han negado la libertad de los jóvenes capturados por delitos cometidos durante el estallido social, pues según personas cercanas a esos procesos, el argumento es que la ley especifica que se deben levantar las órdenes de captura y no las medidas de aseguramiento, que es el punto procesal en el que se encuentran muchos de los jóvenes.
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Por esto, el presidente Gustavo Petro aseguró que se ha hecho presión a los jueces para que no acepten las solicitudes.
Sin embargo, desde los sindicatos de la Rama Judicial, afirmaron que esta discusión debió haberse dado durante el trámite del proyecto en el Congreso, que era cuando se pondrían sobre la mesa todos los puntos de vista.
"La discusión debió darse en el momento del trámite de la ley. Allí era donde debían hacer el debate, la discusión que se escuchara a todos. Pero una vez la ley en firme, los jueces tienen que dar aplicación", dijo Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial.
Además, para abogados penalistas, esto sólo evidencia un error por parte del Gobierno, pues aparte de que la ley no es clara, deja muchos espacios para que cualquier persona privada de la libertad pida ser considerado como vocero de paz.
"La ley no es clara, el procedimiento no está determinado. Es que hoy cualquier privado de la libertad considera que puede ser gestor de paz indistintamente del delito y eso un mensaje equivocado", explicó el abogado penalista, Juan Manuel Castellanos.
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Para los litigantes, el Gobierno debe evitar ese tipo de comentarios, pues representan poner más peso mediático sobre los jueces que deciden rechazar las solicitudes de liberación.
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