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La Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras concluir el proceso de reconocimiento como resguardo indígena.

Mujeres indígenas víctimas del conflicto
Mujeres indígenas víctimas del conflicto que viven en Bogotá.
Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas la Reconciliación, y la Paz.

Desde el 2012 las comunidades indígenas de Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb de la etnia Nonam ubicadas en Buenaventura han peleado por el reconocimiento de su territorio, tanto así que iniciaron un proceso de titulación de tierras que a la fecha no ha sido concluido por las autoridades. 

Lo que buscan los indígenas es que se le conozca como resguardo indígena con el fin de que les sean reconocidos sus derechos culturales y ancestrales y evitar el despojo de su tierra que en la actualidad ha puesto en riesgo el exterminio de su comunidad. 

Dicen que aunque el proceso fue reconocido por el Incoder en el 2015, la Agencia Nacional de tierras no ha concluido el trámite, “el procedimiento de legalización de tierras de las comunidades indígenas se encuentra en la construcción de la ruta jurídica para determinar la trazabilidad del componente del territorio”

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La Agencia aseguró que se había detectado un conflicto de intereses territoriales entre las tres comunidades indígenas y la comunidad negra de Ladrilleros que también está asentada en esa región.

La agencia también señaló que los estudios socioeconómicos sobre estas tres comunidades se encontraban vencidos. 

El caso llegó a la Corte Constitucional que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras concluir en tres meses el proceso de titulación de tierras a favor de las tres comunidades.

Dijo la Corte que merecen especial protección por parte del Estado por el conjunto de factores que amenazan su subsistencia. “permitir que las comunidades indígenas puedan maximizar su autonomía, preservar su cultura y respetar las diferencias culturales”, derechos que se encuentra en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La Corte con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, llamó la atención de las autoridades por las demoras en el proceso y no contar con un mecanismo eficaz “no se estableció razón algún que justifique la dilación”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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