La polémica sentencia que tiene a las víctimas en una pelea jurídica con la JEP

Varias organizaciones sociales le están pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que especifique los espacios en los que las víctimas acreditadas en las investigaciones del tribunal, puedan intervenir, confrontar y pedir ampliación de información, a los comparecientes que hacen presencia en las diligencias de versiones libres o ampliaciones de verdad. 

En una sentencia emitida en abril del 2022 por la Sección de Apelación de la JEP, se limitó la participación de las víctimas en diligencias presenciales argumentando interés en proteger la salud emocional y psicológica de los acreditados en las investigaciones. 

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Esta decisión no le gustó a las víctimas, pues pedían respeto por sus garantías y el derecho a confrontar a quienes son señalados como actores del conflicto armado y presentaron un recurso de apelación para que esta limitación fuera redebatida.

Sin embargo, pidieron apoyo de la Procuraduría pues el mismo tribunal sería el encargado de dar trámite a la discusión en segunda instancia. 

Finalmente, el tribunal falló de manera parcial a favor de la pretensión de las víctimas, asegurando que tendrán espacios de diálogos para manifestar sus solicitudes a los actores del conflicto armado.

Pese a la determinación, para algunas organizaciones como Asociación Minga, hace falta especificar cuáles serán esos espacios y las condiciones que garanticen que las intervenciones y observaciones de las víctimas, sean tenidas en cuenta en la resolución de conclusiones de los macrocasos de la justicia transicional. 

"Preocupa que a la luz de este fallo, las manifestaciones de las víctimas no sean vinculantes para la toma de decisiones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, puesto que no se establecen reglas ni mecanismos concretos para asegurar que los espacios de interacción dialógica signifiquen una respuesta a las observaciones, ni en los que se dé cuenta de la toma en consideración de las mismas", señala uno de los apartes del comunicado de varias organziaciones.

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En ese sentido, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) o el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se manifestarán a las afueras de la sede de la JEP en el norte de Bogotá, para pedir que se trámite su petición, además de haber hecho la solicitud formal a la Corte Constitucional, que hasta la fecha en la que se pública este artículo, no se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar los derechos que se establecieron en la ley que reguló el funcionamiento de la Jurisdicción. 

Por esta razón, las organizaciones solicitarán nuevamente a los magistrados de la Corte Constitucional que revise el fallo de tutela, para que sea más específico sobre los espacios en los que las víctimas podrán interactuar con los comparecientes.