La presencialidad de la justicia penal generará caos en Colombia, advierten penalistas

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró que sería muy grave para la justicia penal que se retorne a la presencialidad a partir del próximo 5 de junio. 

El vocero indicó también que renunciar a la virtualidad generaría un caos judicial en el país.

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En diálogo con RCN Mundo, Bernate explicó que dicha decisión afectaría a la Rama Judicial que durante dos años ha logrado avanzar a través de la virtualidad.

“Mucha preocupación ha generado en el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia una versión que ha circulado el día de hoy sobre el regreso a la presencialidad en materia penal a partir del 5 de junio”, afirmó. 

También señaló que retornar a la presencialidad hará que nuevamente las audiencias se aplacen y que los gastos de la Rama Judicial se desborden, entre otros efectos negativos de la medida. 

“Supuestamente dentro del trámite del proyecto de ley que prórroga la vigencia del Decreto 806, pues se habría tomado la decisión de que la justicia penal tiene que volver a la presencialidad el 5 de junio, esto es inexplicable (…)”, afirmó.

También agregó que, “volveremos a gastarnos 10.000 millones de pesos en servicios públicos, en viáticos y demás, las audiencias se volverán a aplazar y seguirán siendo a puerta cerrada”.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo que no comprende por qué se considera retornar a la presencialidad en medio de todos los beneficios que ha traído para la recta impartición de la justicia, la virtualidad.

Debido a esto, se formuló varias preguntas entre ellas: “¿por qué de forma abrupta se pretende el regreso a la presencialidad ? ¿por qué queremos privarnos de todos esos beneficios? ¿por qué sólo la justicia penal quede excluida, de manera que los asuntos civiles, laborales y comerciales seguirán siendo virtuales y los penalistas sí tendremos que ir a exponer nuestra vida en momentos de pandemia a los juzgados y los usuarios tendrán que seguir pagando lo onerosa que es la justicia penal en Colombia”.

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Cuestionó además que se pretenda desconocer la Comisión de Disciplina Judicial que se conformó a raíz de una directriz del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y el Derecho. 

"La cuestión sobre la continuidad de la virtualidad en el funcionamiento de la justicia fue un asunto que el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia delegó en una Comisión que contó con una participación plural, y que de manera rigurosa presentó su postura, en el sentido de que la decisión era mantener la virtualidad en todas las ramas de la Justicia. Resulta preocupante que ahora se desconozca la institucionalidad, y se envíe un mensaje de restarle mérito al trabajo de una Comisión y de sus integrantes", aseguró. 

Al mismo tiempo, manifestó que se está desconociendo el derecho a la igualdad que tiene la justicia penal en referencia a las otras ramas del derecho. 

"Se trata de una decisión que desconoce la igualdad entre funcionarios, abogados y usuarios, que cuando tienen que acudir a la Justicia Penal han de hacerlo de manera presencial, mientras que las demás ramas del derecho continuarían beneficiándose de las tecnologías de la información y la comunicación", apuntó.