La responsabilidad del Estado en los atentados ordenados por Pablo Escobar

En la década de los noventa Pablo Escobar Gaviria ordenó la ejecución de una serie de atentados en contra de la población civil con el único fin de amedrentar al Estado. Varios objetivos tenían estas acciones: aterrorizar al Gobierno de turno y demostrar su poder bélico en la guerra que había emprendido con otros carteles de la droga.  

Escobar, quien era calificado por sus allegados como un hombre frío, calculador y despiadado solamente tenía un punto débil: su familia. Y fue por esto que hizo todo lo posible para protegerlos de esa guerra sin cuartel que él mismo había iniciado pero que no tenía ni idea de cómo acabaría.

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El jefe del Cartel de Medellín le ordenó a sus hombres de confianza planificar y ejecutar ataques mediante la modalidad de ‘carrobombas’ y explosivos con el fin de causar el mayor daño posible y llamar la atención de toda la sociedad. Una de las acciones más demenciales de este macabro la se registró el 14 de junio de 1990.

A las 10:40 de la mañana un vehículo cargado con 100 kilos de dinamita explotó cuando una patrulla de la Policía Nacional hacía una inspección de rutina en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín. El estallido interrumpió la transmisión del partido Colombia vs. Yugoslavia en pleno Mundial de Fútbol de Italia 90.

En la acción resultaron muertos dos civiles y un agente de policía, mientras que 56 personas resultaron gravemente heridas. Las edificaciones y establecimientos que se encontraban cerca de la explosión sufrieron graves daños.

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El motivo del ataque contra la policía fue a modo de retaliación por el operativo en el que fue abatido alias ‘Pinina’, jefe de sicarios del Cartel para ese momento y una de las personas más cercanas a Escobar.

Por estos hechos, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado al considerar que no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población civil y a la Fuerza Pública, la cual había sido declarada como “objetivo militar” por parte del Cartel de Medellín en lo que se llamó “un plan pistola”.

En esa sentencia –fechada en 2014- el alto tribunal indicó que este hecho no fue aislado sino que se adelantó en el desarrollo de unos ataques en la capital de Antioquia. El 5 de mayo de 1990 se había presentado un ataque similar en otro exclusivo barrio de Medellín.

Todo esto dentro de una guerra de las “fuerzas no identificadas” contra la Policía. ‘El Patrón’, como era conocido, le había “puesto precio” a las cabezas de los policías en una tabla criminal que pagaba un millón de pesos por suboficiales y más de 10 millones de pesos por oficiales.

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Sin embargo, no toda la responsabilidad recae sobre el Estado. En un fallo emitido en junio de 2017, se rechazaron las pretensiones de una demanda presentada por una familia que resultó afectada por el atentado que ordenó Escobar en el barrio Veracruz de Bogotá el 30 de enero de 1993 que dejó 25 víctimas mortales y otras 70 heridas. 

En esa determinación se consideró que este hecho no era previsible puesto que para esa época no se habían registrado atentados terroristas de manera sistemática en la capital de la República puesto que en esos momentos la "guerra de los carteles" tenía su epicentro en otras regiones del país. 

"El ataque no era humana ni institucionalmente previsible para las autoridades, pues se trató de un acto terrorista intempestivo", manifiesta uno de los apartes de la Sección Tercera que sostuvo que para ese año se adelantaba un gigantesco operativo para capturar al narcotraficante. 

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En ese momento se estaba viviendo una situación imposible de comparar, por lo que no se le puede atribuir a las autoridades haber expuesto a la población civil a un riesgo excepcional ya que Escobar había emprendido una guerra sin cuartel que no diferenciaba.

Sostiene que no se puede atribuir a la Policía la responsabilidad de haber expuesto a la población civil a un riesgo excepcional por la persecución que habían desplegado las autoridades contra Pablo Escobar y todos los miembros de los carteles, pues cumplían su deber. 

“Resultaría impropio atribuir los daños producidos por estos al Estado, por el solo hecho de haber ejercido debidamente sus competencias”, dice el fallo.

No obstante, el alto tribunal considera que “en el Estado social de derecho, ninguna víctima puede quedar desamparada”. Aunque niega condenar al Ministerio de Defensa a pagar una indemnización a las 2 mujeres, exhorta al Ministerio del Interior y a la Unidad de Víctimas para que fortalezcan sus mecanismos de atención.

Incluso valora el papel que cumplieron las autoridades para detener la escalada terrorista y dar con varios de los integrantes del Cartel de Medellín para proteger a la población civil.