Las investigaciones contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema
El senador enfrenta indagaciones por sus presuntos nexos con el 'hacker' Sepúlveda, nexos con paramilitares e injuria y calumnia.
El pasado 31 de marzo, el abogado Jaime Granados Peña se acercó a la secretaria de la Corte Suprema de Justicia para radicar un memorial en el que solicitaba que se anularan todas las investigaciones que se adelantaban en ese alto tribunal en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.
El jurista sostenía que la Corte Suprema de Justicia no tenía competencias para investigar a Uribe Vélez, esto debido al anuncio de conformación de las Salas de Instrucción y de Juzgamiento en primera instancia para los aforados constitucionales. Granados sostuvo que la Corte ya tenía en sus manos el proceso de elección de los nuevos magistrados.
"Una función constitucional, una competencia constitucional que garantice el juez natural, no puede quedar al capricho de la voluntad de la Corte de cuando quiera elegir a alguien", precisó en ese momento Granados, quien consideraba que no contaban con las garantías al debido proceso. "No se le están reconociendo derechos básicos como la garantía a un juez natural".
Sin embargo, pocas horas después el mismo senador del Centro Democrático pidió que no se tuviera en cuenta esta petición. "He pedido al dr. Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores".
Que se adelanten todos los procesos que haya contra mi persona
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de junio de 2018
La Corte Suprema adelantaba, en ese momento, cuatro investigaciones bastante complejas en contra del expresidente de Colombia (2002-2006 y 2006-2010) por diferentes hechos. En el alto tribunal se recolectaban pruebas para verificar la participación de Uribe en la publicidad engañosa para el plebiscito por la paz, vínculos con grupos paramilitares, la presión a testigos e injuria y calumnia.
Caso 'hacker'
En el despacho del magistrado José Luis Barceló se encontraba la investigación por la presunta participación de Uribe en las actividades ilegales adelantadas por el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila en las elecciones presidenciales que se adelantaban en el año 2014.
Uribe había sido señalado por el mismo 'hacker' -quien fue condenado a 10 años de prisión tras firmar un preacuerdo por la Fiscalía- de tener conocimiento claro de las actividades que adelantaba en su oficina en el norte de Bogotá para torpedear el acuerdo de paz que se adelantaba entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.
Sepúlveda señaló en diversas oportunidades que fue contactado por la campaña de Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) para crear una estrategia que afectara los diálogos que se adelantaban en La Habana (Cuba) mediante la filtración de información privilegiada y la creación de una estrategia en redes sociales que causara un rechazo.
El alto tribunal recogió elementos probatorios, entre los que se encontraban las declaraciones de Sepúlveda, personas cercanas a la campaña del Centro Democrático y agentes de la Policía que habrían tenido contacto con el 'hacker' para entregarle información que involucraban la seguridad nacional.
Nexos con paramilitares
La Corte Suprema de Justicia igualmente adelanta la revisión de varios elementos materiales probatorios enviados por la Fiscalía General y salas de Justicia y Paz de los Tribunales de Medellín y Bogotá, por los presuntos nexos políticos que habría sostenido el exjefe de Estado con estructuras de las AUC.
El alto tribunal evaluaba la veracidad de las declaraciones de varios excomandantes y desmovilizados de grupos paramilitares que vinculaban a Uribe Vélez de haberlos apoyado en la conformación y expansión de su proyecto político en el departamento de Antioquia y otras regiones.
El congresista fue citado por el excomandante Salvatore Mancuso de haber apoyado la conformación y expansión del Bloque Metro de las AUC. Otros desmovilizados aseguraron que en la finca Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, se habría creado y expandido el grupo conocido como 'Los 12 Apóstoles' en el municipio de Yarumal, con el fin de enfrentar a los grupos guerrilleros que delinquían en la zona y tenían "azotados" a los comerciantes.
Por la conformación de este grupo y las actividades ilegales que adelantó en la región en la década de los noventa, principalmente el asesinato del conductor del bus escalera Camilo Barrientos, enfrenta un proceso penal Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente.
Campaña por el plebiscito por la paz
Después de la declaración del exsenador Juan Carlos Vélez Uribe en la que mencionó la estrategia que utilizó la campaña de 'NO' en el plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016, las autoridades judiciales iniciaron una investigación en conta de varios de sus promotores por lo que consideraban un constreñimiento al elector.
Uribe, uno de los principales rostros de la campaña en contra de la refrendación del acuerdo, fue señalado de haber participado en una campaña que buscaba "la indignación" y "el miedo" de las personas para los sufragios.
Para esto la Corte Suprema escuchó la declaración de Juan Carlos Vélez Uribe, uno de los principales promotores de la campaña. Así como de otras personas que participaron -según el propio Vélez Uribe- en la estrategia y puesta en marcha de la estrategia del 'NO'.
Sin embargo, por falta de pruebas, la Corte Suprema archivó la investigación a Álvaro Uribe el pasado 14 de julio.
Injuria y calumnia
El pasado 5 de julio, pese a tener un acuerdo firmado, el abogado Jaime Lombana radicó un documento en el que se retractaba de la conciliación con el periodista Daniel Coronell, quien lo había denunciado por los delitos de injuria y calumnia.
El jurista aseguró que después de la firma de la conciliación, Coronell publicó dos columnas en las que injuriaba al mandatario, citando hechos que a su juicio "no son ciertos" (…) La conciliación, con mucha altura y transparencia, que su despacho ha intentado hacer no pudo ser exitosa porque el periodista ha lesionado el buen nombre del expresidente en sus dos columnas posteriores a la primera conciliación”.
Debido a esto, el despacho del magistrado del magistrado Eider Patiño debe continuar con el recaudo de pruebas. El caso data del 10 de febrero de 2017, cuando el senador escribió en su cuenta de Twitter: "Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable".
La discusión comenzó por la columna titulada ‘Aquí no hay muertos', revelado un correo del extraditado narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna' en el que supuestamente se estaría relacionando al senador con la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno.
Masacre de El Aro y La Granja
El pasado 31 de mayo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo –registrado el 27 de febrero de 1998- así como la masacre de la Granja y El Aro, ejecutadas por grupos paramilitares en 1996 y 1997.
Esta decisión se tomó en el marco de la indagación preliminar que adelanta el alto tribunal en contra el senador Álvaro Uribe Vélez desde el año 2014. La Corte retomó el caso y estudió las pruebas enviadas por la Fiscalía General y los Tribunales de Bogotá y Medellín.
En estas compulsas se citaron los testimonios que indicaron que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez habría tenido conocimiento sobre la incursión de grupos paramilitares en la región para atacar a los miembros de la comunidad que consideraba que eran auxiliadores de la guerrilla.
Una sobreviviente indicó que un helicóptero de la Gobernación recogió a paramilitares e integrantes del Ejército que habrían colaborado con el plan paramilitar.
RCN Radio
