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El senador presentó sus cartas en la denuncia que le impuso Marta Lucía Ramírez por injuria.

Marta Lucía Ramírez y Gustavo Petro
Marta Lucía Ramírez y Gustavo Petro
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso por injuria y calumnia contra el senador de Bogotá Gustavo Petro tras la denuncia que interpuso la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez por unos trinos en los que la señala de tener responsabilidad en los abusos de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales que se presentaron durante la Operación Orión en 2002.

En la diligencia de versión libre que se adelantó el pasado lunes, el congresista presentó una serie de pruebas ante el magistrados Marco Antonio Rueda para sustentar sus acusaciones en contra de Ramírez quien para la época de los hechos fungía como ministra de Defensa. 

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Entre las pruebas que presentó se encuentran una serie de normas y decretos que fueron firmados durante el gobierno de Álvaro Uribe y que acreditan la realización de la Operación el 16 y 20 de octubre de 2002 en 18 barrios de la Comuna 13 San Javier de Medellín con el objetivo de “instaurar el orden y la convivencia pacífica". 

"Decreto 1837 de 2002 del 11 de agosto de 2002, Declara el Estado de conmoción interior de todo el territorio nacional, firmado por el Presidente de la República, Álvaro Uribe, y la defensa Marta Lucia Ramírez (...) Decreto 2002 del 9 de Septiembre de 2002 Medidas para el control del orden publico (...) Decreto 2001 del 3 de Septiembre de 2002, por el cual se modificó las competencias de los jueces Penales del circuito especializados”, precisa uno de los documentos.

Igualmente reveló una serie de entrevistas y fotografías de paramilitares durante el operativo. Para Petro, estos hombres dieron órdenes directas a los miembros de la Fuerza Pública-

"Entrevista alias 'Móvil 8' señaló que en un convenio con el Estado, se presentaron como guías de la Operación Orioó, es decir que el Estado hizo una alianza con los paramilitares para poder realizar la operación (Anexo 5)". 

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"Archivo visual, fotografías de Jesús Abad Colorado, quien estuvo presente durante la operación, y tomó la fotografía donde señala él, uno de los paramilitares daba órdenes a los militares (Anexo 6)”. 

Petro también presentó una declaración de la ministra de Defensa, Marta Lucia Ramírez en el año 2002 en la cual da un balance positivo de la Operación “cómo reposa en los archivos digitales de la pagina de la presidencia de la época (Anexo 7) (...) (Anexo 12)”. 

Además radicó copia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por desplazamientos, secuestros y homicidios que habrían ocurrido durante esa operación en el 2002.

"Myriam Eugenia Rúa y Luz Dari Ospina fueron amenazadas, hostigadas (...) fueron obligadas a desplazarse. Además las señoras Mery del Socorro Naranjo, María del Socorro Mosquera y Ana Teresa Yarce fueron privadas arbitrariamente de su libertad. Tras una serie de denuncias del actual de paramilitares con la Fuerza Pública en la zona fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, dice uno de los apartes del resumen de las pruebas entregadas. 

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Ramírez denunció a Petro después que publicara en su cuenta personal de Twitter: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”.

En el proceso ya se superó la etapa de conciliación que fracasó por la inasistencia de Petro a la Corte Suprema de Justicia. Lo que sigue es que el alto tribunal continúe el proceso penal por incurrir calumnia contra el excandidato presidencial.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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