Las pruebas que sacaron a un militar del Ejército por 'chuzar' el proceso de paz
Escándalo de la sala Andrómeda dejó al descubierto un hacker y la sanción a militares por vender información confidencial.
RCN Radio conoció el fallo completo de segunda instancia que mantuvo la sanción disciplinaria a un grupo de oficiales del Ejército implicados en la venta de información de seguridad nacional, dentro del escándalo por las interceptaciones al proceso de paz con las Farc a través de la denominada sala Andrómeda.
El fallo deja en firme la sanción de 10 años de destitución al cabo segundo Carlos Alberto Betancur, entonces suboficial del Ejército adscrito al Batallón de Inteligencia Técnica número 3 de la operación Andrómeda, quien “obtuvo de manera indebida información relacionada con la seguridad nacional”, que después vendió al hacker Andrés Fernando Sepúlveda, hoy en libertad.
El fallo también mantuvo la destitución de un mes al mayor Joany Guerrero, entonces comandante de la compañía C del Batallón de Inteligencia Técnica número 3, encargada de llevar a cabo la operación Andrómeda entre los años 2013 a 2014, a quien se le señaló de permitir que “personal a su cargo desarrollara, utilizara y ofreciera en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional”.
En el fallo de segunda instancia, la Procuraduría explica que la operación Andrómeda funcionó bajo una fachada de un establecimiento conocido como ‘Buggly Hacker’ y que inició por las órdenes del comando del Batallón de Inteligencia Técnica número 3 y coordinada por la Central de Inteligencia Técnica del Ejercito (CITEC).
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Aunque en un principio la sala tenía como objetivo desarrollar actividades de inteligencia para evitar espionaje de hackers en el territorio nacional, la Procuraduría señala que comprobó que fue usada para vender información confidencial y de seguridad nacional.
En el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público sostiene que hubo encuentros entre miembros de la Sala y el hacker Sepúlveda. A través del ciudadano español Rafel Revert, Sepúlveda se relacionó con el cabo Betancur.
“Hubo una reunión en la que participaron integrantes de la operación Andrómeda, entre ellos Betancur, alias ‘Bambino’ y el hacker, y que posteriormente a ese encuentro se suscitó otro en el que fue entregado un computador al cabo Betancur del cual hizo mención Sepúlveda”, se lee en el fallo.
Más adelante indica que el cabo “extrajo sin estar habilitado para ello información de seguridad nacional relacionada con las cuentas de correo electrónico de carácter reservado de las partes que participaron en la mesa de negociación del proceso de paz en La Habana, luego ofrecerlas y vencerlas a Sepúlveda”.
El fallo explica que, por los primeros datos de 100 cuentas electrónicas con sus respectivas claves, se pagaron $100.000.000 de las cuales solo se concretó la entrega de 20 cuentas.
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“Eso permitió el acceso a los correos del grupo negociador de paz del gobierno Santos, entre ellas los miembros de las Farc. Al buzón electrónico de alias 'Boris', quien fungía como jefe de telecomunicaciones y seguridad de las Farc en La Habana”, dice el fallo.
También se vendió información sobre las bases de datos sobre los reinsertados de las Farc, entre los años 1993 a 2008, por $8.000.000, de los cuales solo se habrían entregado $3.000.000.
La defensa de los uniformados intentó desmentir esas pruebas bajo el argumento de que no había certeza de esas irregularidades, lo que fue descartado por la Procuraduría en el fallo de segunda instancia.
“La declaración se dio de manera oficiosa por la primera instancia, quien intentó en reiteras ocasiones, sin éxito, que el testigo se presentara, a pesar de la labor que desplegó para agotar la prueba, por ello no es dable pretender que el fallador de instancia vulneró el derecho de contradicción”, argumentó la Procuraduría sobre uno de los testimonios que se tuvo en cuenta en el proceso.
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