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El alcalde fue capturado por irregularidades en la construcción de una unidad de salud.

Isaías Chalá Ibargüen
Isaías Chalá Ibargüen
Foto: Alcaldía de Quibdó

La juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura del alcalde de Quibdó (Chocó), Isaías Chalá Ibargüen, al manifestar que no hubo fallas ni tampoco irregularidades en los procedimientos.

La funcionaria judicial manifestó que no les asiste razón a los abogados que plantearon que existía un conflicto de competencias, porque la función de control de garantías debe ser ejercida por cualquier juez penal municipal, según establece la ley.

Sin embargo, la juez consideró que todo estuvo de acuerdo con los procedimientos que se llevaron a cabo en la capital chocoana, y que eso se evidenció a través de la firma y huella de los detenidos.

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Además, no se vulneró el derecho de los detenidos a permanecer en silencio, añadió la funcionaria judicial.

Basada en esos argumentos, declaró legales las capturas de Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino. 

La defensa

Ricardo Burgos, abogado del alcalde de Quibd, consideró que existe un conflicto de intereses al haber trasladado, tanto al alcalde como a los otros tres contratistas, a Bogotá, luego de que las detenciones se hubieran efectuado en la capital del departamento de Chocó y que los hechos que están siendo investigados ocurrieron allí.

“La Fiscalía General de la Nación debe trasladarse para la legalización de captura, imputación y solicitud de medida a la ciudad donde fueron capturados, además porque allá ocurrieron los hechos”, señaló Burgos.

También aseguró que hubo irregularidades en los procedimientos efectuados por los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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“Hay procedimiento irregulares. Esto es lo que siempre pasa con la Fiscalía, en el afán de hacer unas capturas inmediatas. Todos los defensores esperamos los mismo”, dijo.

“Se equivocaron en las horas, en las fechas, en las cédulas, en que las personas son capturadas entre las 12 y la una de la tarde, y les permitieron hablar con su abogado hasta las nueve de la noche, cuando llegan a Bogotá”, añadió.

Por su parte, los abogados de los otros detenidos también se sumaron a la petición, que finalmente fue rechazada. 

El mandatario tendrá que responder por los delitos de contrato sin requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

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El alcalde es investigado por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la construcción de Unidad Intermedia de Salud El Caraño.

El contrato tuvo un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. La Fiscalía señala que el mandatario local habría entregado directamente este contrato a dos empresarios.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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