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Homicidio en Ibagué
Foto archivo

El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, explicó que la Ley de Seguridad Ciudadana fortalecerá la respuesta de las autoridades y de los organismos de inteligencia del Estado ante los criminales. 

Explicó también que se endurecerán las penas privativas de la libertad contra quienes reincidan en la comisión de delitos como el hurto y se aumentarán las sentencias contra quienes asesinen a periodistas, integrantes de la fuerza pública y líderes sociales. 

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Igualmente, señaló que se crea la Legítima Defensa Privilegiada. "Con la sanción de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por parte del presidente de la República, Iván Duque, los organismos de seguridad, entes de control y la administración de justicia, tendrán mayores herramientas para hacer frente a la criminalidad", sostuvo. 

Precisó que la acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, los ministerios del Interior y de Justicia, al igual que, la Procuraduría General, se logró avanzar en la consolidación de esta nueva normatividad que garantizará la protección de los ciudadanos. 

"La ley contiene aspectos muy importantes en reformas a los códigos de Procedimiento Penal, de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de extinción de dominio, de tránsito y penitenciario y carcelario, lo que representan cambios sustanciales en la respuesta al accionar delincuencial", indicó. 

Ruiz destacó que con estas reformas, "el ciudadano podrá defenderse para rechazar al extraño que penetre o permanezca arbitrariamente en la habitación o propiedad comercial cerrada al público o vehículo que esté ocupado, la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años, excepto en los casos de concurso de delitos". 

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También manifestó que los recursos que se obtengan del pago de multas serán destinados a la prevención del delito y al fortalecimiento de la estructura carcelaria del país.

Se crea el agravante para los reincidentes que consistirá en qué "se establece como agravante para el procesado que haya sido condenado por delito doloso dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta o que para la realización de la misma, se hubiera utilizado arma blanca, arma de fuego o armas, elementos y dispositivos menos letales". 

Adicionalmente, se definió como circunstancia de agravación del homicidio, lesiones personales y violencia contra servidor público, es decir, cuando la víctima sea miembro de la fuerza pública. 

Nuevos delitos 

El ministro de Justicia y del Derecho también informó que se crean varios delitos entre ellos el avasallamiento del bien inmueble, intimidación o amenaza con arma de fuego, porte de arma blanca, obstrucción de la función pública. 

"Sobre la conducta de hurto se establecen penas diferenciadas según la cuantía (valor económico) del objeto hurtado, de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena de prisión será de 32 a 48 meses y en cuantías superiores a esos cuatro salarios, entre 48 a 108 meses", explicó. 

En el mismo sentido, se agravan las penas para los delitos en daño el bien ajeno, específicamente cuando se afecte la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y para el delito de instigación a delinquir, cuando se realiza para cometer delitos que puedan ocasionar perjuicio para la comunidad.

Además, se introduce el concepto de no comparecencia, que consiste en la resistencia al procedimiento de captura mediante actos violentos contra el funcionario o servidor que las realice, el intento de emprender la huida o dificultar su judicialización. 

Ruiz precisó además que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en las cárceles del país, pero los alcaldes y gobernadores tendrán la potestad de contratar con empresas de seguridad privada la vigilancia de los privados de la libertad que se encuentren en calidad de sindicados.

Explicó que de esta manera tendrán que asumir la responsabilidad que tienen con los hombres y mujeres que están siendo investigados por la comisión de delitos y que están recluidos en un establecimiento carcelario. 

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"Las cárceles departamentales y municipales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta iniciativa se contempló para que los entes territoriales, como lo determina la ley, puedan hacerse cargo de los sindicados y no se destinen policías para la vigilancia de estas personas. Los policías podrán estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos”, argumentó. 

Al mismo tiempo, señaló que este proyecto busca descongestionar los centros de detención transitoria, donde la mayoría de los reclusos son sindicados. 

"Cabe aclarar que el proyecto dispone que los alcaldes y gobernadores puedan contratar empresas privadas para la seguridad de los detenidos que están a su cargo, es decir, los privados de la libertad que están en calidad de sindicados en los centros de detención transitoria y en las cárceles distritales o municipales, en ningún momento se pretende reemplazar al Inpec que seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en los establecimientos de reclusión del orden nacional", recalcó. 

Además, señaló que lo que se busca también es que los policías puedan estar dedicados a cuidar a los ciudadanos y a reclusos.

"Esta iniciativa se contempla para que los entes territoriales cómo lo determina la ley puedan hacerse cargo de los sindicados y no sé destinen para la vigilancia de estas personas a los policías, que podrán estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos", explicó. 

Lo que dicen los expertos 

De acuerdo con Beatriz Molina, counsel y experta en el de Derecho Penal de CMS Rodríguez-Azuero, en primer lugar, esta ley contribuye aún más a la “sobreproducción legislativa” en materia penal, en donde todos los años el Congreso de la República expide decenas de leyes que modifican el Código Penal, casi siempre, buscando aumentar las penas o crear delitos nuevos. 

En segundo lugar, esta  ley busca que las autoridades tengan más herramientas para garantizar el orden público y proteger los derechos de la ciudadanía que se ve afectada por las conductas vandálicas desarrolladas durante las protestas. Sin embargo, para Molina, “si bien esta ley busca tener un efecto favorable para la seguridad ciudadana, puede terminar ocurriendo lo contrario, pues al disponer de normas como la legítima defensa privilegiada, los enfrentamientos entre ciudadanos se pueden tornar más violentos y fatales”, aseguró.

Por otro lado, hay que considerar que el futuro de esta ley está en entredicho, pues es probable que muchas de sus disposiciones sean declararadas inconstitucionales, debido a que los cambios propuestos son poco positivos o insuficientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía. 
 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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