¿Ley de sometimiento acabaría polémica por órdenes de captura del 'Clan del Golfo'?
Desde el Congreso piden al Gobierno acelerar la presentación de este proyecto.
Un choque de trenes quedó registrado entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía, luego de que el ente investigador negara la solicitud de suspender las órdenes de captura contra integrantes de organizaciones criminales como el 'Clan del Golfo' y ‘Los Pachencas’, quienes han manifestado su interés de hacer una negociación de paz.
Según la Fiscalía, no existe una norma que justifique la suspensión de las acciones judiciales contra los integrantes de estas estructuras, porque las mismas carecen de estatus político. Sin embargo, el Gobierno considera que con la Ley de Orden Público o de ‘paz total’ que ya fue sancionada por el presidente, esa sí es una posibilidad.
Ante esto, desde el Congreso afirman que la única manera de dar solución a esta disyuntiva es acelerar la presentación y aprobación de una nueva ley que regule el sometimiento de las bandas criminales, razón por la cual el presidente del Senado, Roy Barreras, solicitó que la misma sea radicada en las sesiones extraordinarias que arrancan en febrero.
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“Esas organizaciones pueden eventualmente recibir beneficios y el Estado puede ponerles formas que faciliten su sometimiento a la justicia penal ordinaria; eso no es un proceso de paz, pero sí hace parte de la política de paz total”, explicó Barreras sobre la ley.
Sin embargo, dejó claro que “con los asaltantes, atracadores, narcotraficantes y extorsionistas, los Estados no hacen procesos de pasa sino de sometimiento a la justicia penal ordinaria que garantice la desarticulación colectiva de esas bandas”.
El proyecto de ley que permite el sometimiento colectivo de esas organizaciones se encuentra en construcción y estaría listo en las próximas semanas.
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Lo que se ha concertado hasta el momento es que serían dos iniciativas: la primera crearía todo el marco normativo que se requiere para adelantar un proceso de acercamiento con estos grupos criminales y en la cual se definiría cuál sería el eventual tratamiento de las órdenes de captura de sus miembros.
El segundo proyecto abordaría todo lo relacionado con las penas y los beneficios jurídicos que tendrían estas estructuras en caso de someterse a las autoridades. No obstante, esta propuesta solo llegaría al Congreso a finales del año, cuando la negociación con dichas organizaciones ya esté avanzada.
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