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Comunidad Wayúu
Colprensa

El juez segundo penal de control de garantías de Bogotá no aceptó los argumentos presentados por la defensa del líder wayúu, Javier Rojas Uriana y negó su libertad condicional dentro del proceso que se le adelanta por actos de corrupción en la firma de millonarios contratos en el departamento de La Guajira.

El funcionario judicial consideró que el procesado sigue representando un peligro para la comunidad y existe un riesgo que manipule o altere las pruebas documentales y testimoniales que existen en su contra si es dejado en libertad, situación por la cual confirmó la medida de aseguramiento.

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Rojas Uriana es señalado por la Fiscalía General de firmar con evidentes sobrecostos un contrato para el suministro de agua, alimentos y medicamentos a menores de edad de su comunidad que presentan grave desnutrición.

En este sentido se señala que en la ejecución de los contratos para la puesta en marcha del proyecto se evidenció una desviación de los recursos. En un punto se advierte que un terreno se compró por 200 millones de pesos cuando su valor real era de $39 millones, lo que representó un detrimento de 170 millones.

Considera la Fiscalía que pese a que el proyecto –que establecía programas productivos de ganadería, agricultura y pesca- fijaba un beneficio para 200 familias de 39 comunidades wayúu lo cierto es que en su ejecución fueron muy pocos los beneficiados.

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“Hay un contrato que fue denominado de transporte, se liquidó por 68 millones de pesos sin que fuera justificado a quién le fue adjudicado y cómo o de qué manera […] nuca se supo cuáles eran los pagos por desplazamiento, el valor y las fechas y de los desembolsos”, precisó el fiscal del caso en la imputación.

Igualmente se registraron sobrecostos injustificados por más de 180 millones de pesos en la contratación de la mano de obra para para la adecuación del centro de acopio y la aplicación de vacunas a caprinos. En la construcción de los componentes para la producción de pesca se registraron varias irregularidades.

Por ejemplo, el contrato tenía un costo de 120 millones de pesos, sin embargo, tras revisar antecedentes y hablar con las personas de la región, se pudo establecer que ese mismo trabajo se pudo haber hecho por $20 millones, lo que significa un desfalco de 100 millones de pesos.

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“Se trata de delitos graves por ser contra una población sujeta a la protección constitucional e internacional, porque son dineros de los niños, dados por el Estado”, aseguró el delegado del ente investigador en la solicitud para que el líder indígena siga con medida de aseguramiento.

La Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El líder indígena se ha declarado inocente de los hechos investigados.

Fuente

RCN Radio

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