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Ejército y campesinos
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Las comunidades campesinas del Pacifico Nariñense en el Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios Caloto, Cajibío y Piamonte (Cauca), interpusieron tutelas para eliminar la erradicación forzada de coca que está aplicando el Gobierno y que se cumpla lo estipulado en el Acuerdo de Paz que estable la sustitución de la droga.

Las comunidades le dijeron a ese tribunal que han resultado afectados tras los operativos de erradicación forzada y que en varias ocasiones han sido víctimas de violencia por parte del Ejército, a pesar de que han manifestado públicamente acogerse a los programas de sustitución.

Por ejemplo, los campesinos del Catatumbo dicen que hay unas 17.000 familias que se acogieron a los programas de sustitución en el 2017. Sin embargo, solo un poco más de mil han recibido las ayudas económicas para dejar los cultivos.

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“En 2017 fueron más de 17.235 familiar las que accedieron a erradicar los cultivos ilegales. Sin embargo, solamente 1.035 de ellas recibieron los pagos prometidos en el Plan de Atención Inmediata (PAI) con el que se debería acompañar el proceso de sustitución, pese a que se ha constatado un cumplimiento del 95% de los compromisos de uno resiembra por las familias firmantes. Hay mas de 30.000 solicitantes pendientes de sustitución voluntaria que el Gobierno ha dejado de celebrar”, dice uno de los apartes de las tutelas.

Los campesinos advierten que la erradicación implementada por el Gobierno nacional viola sus derechos fundamentales a la consulta previa, la salud, el debido proceso, la vida e integridad personales y la paz.

En medio del estudio de las tutelas, la Corte Constitucional ha recibido varios conceptos de organizaciones como Dejusticia, que advirtió “priorizar la erradicación forzada a través de operativos que son violentos, supone no solo un incumplimiento del Acuerdo de Final de Paz, sino una violación  al deber constitucional del cumplimiento de buena fe”.

Esa organización también advirtió que “a pesar de que existen acuerdos de sustitución y que existe voluntad por parte del campesinado, no se ha avanzado en esa política”.

Cabe mencionar que las tutelas están en estudio en una sala de tres magistrados, conformada por Cristina Pardo, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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