Los 11 condenados en Colombia por el escándalo de Odebrecht

La condena de 11 años y siete meses de prisión contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo emitida el pasado lunes se convirtió en la sentencia más alta en Colombia hasta la fecha por el escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para resultar beneficiada con contratos de infraestructura vial.

Melo fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por la entrega en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García Morales para que adjudicara el contrato de la Ruta del Sol II a un consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana.

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En la lectura del fallo, el juez 14 de conocimiento hizo un fuerte llamado de atención por lo que consideró una actitud gravísima que afectó tanto la confianza de las personas en sus instituciones, así como el daño que le causó a las personas que necesitaban una obra vial para mejorar su calidad de vida.

“Como en una miscelánea corrupta, en un perfecto entramado sin medir valores lograron comprar la moralidad pública”, precisó el funcionario judicial al hacer referencia a la actuación de Melo para planear y ejecutar el pago de millonarios sobornos con el fin de conseguir un beneficio personal.

Melo, quien es considerado el procesado de más alto rango en ser condenado por estos hechos de corrupción, pagará su condena en el pabellón de funcionarios públicos de cárcel La Picota de Bogotá. Su defensa anunció que apelará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.  

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Con esta sentencia, ya son 11 las que se han emitido en tres años en Colombia desde que estalló el escándalo después que Marcelo Odebrecht aceptara ante una Corte de los Estados Unidos el pago de 11,5 millones de dólares en Colombia para resultar beneficiados con millonarios contratos de infraestructura.

Ruta del Sol II

Por el plan para pagar el soborno de 6,5 millones de dólares en diciembre de 2009 para resultar beneficiados con la licitación que adelantó el Inco han sido condenados hasta la fecha cuatro personas.

El primero fue el exgerente del Inco y exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales quien reconoció su responsabilidad en estos hechos de corrupción mediante la figura de un preacuerdo en el que se comprometió a entregar información sobre otros vinculados en este caso de corrupción.

García Morales aceptó los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. Por estos hechos, se le reconoció una rebaja en su pena y el 12 de diciembre de 2017, un juez de conocimiento lo sentenció a cinco años de prisión y la multa de 65,6 millones de pesos.

Igualmente negoció un principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A cambio del cese de la persecución penal en su contra el exviceministro se comprometió a dar detalles sobre la forma en cómo el soborno entró al país y las personas que participaron en la entrega de los mismos.

El exviceministro recibió esta alta suma de dinero con el fin de direccionar el proceso de licitación y beneficiar al consorcio del que hacía parte Odebrecht con uno de los proyectos viales más complejos e importantes en el norte del país.

En su proceso de colaboración, García Morales reveló el papel que cumplieron los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, representantes de la empresa Lurion Trading Inc. Con sede en Miami (Estados Unidos). El exviceministro reveló que en sus conversaciones con los directivos de Odebrecht les pidió que contactaran a los empresarios oriundos de Cartagena a quienes conocía desde su infancia.

Con esa empresa se crearon cuentas en Angola y Andorra para mover el dinero enviado por Odebrecht para no llamar la atención de las autoridades. Los dos hermanos cobraron una comisión de 750 mil dólares como comisión para crear el mecanismo de movimiento de este dinero.

Enrique Ghisays fue sentenciado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 10 años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Mientras que su hermano, Eduardo fue sentenciado a tres años de prisión domiciliaria después de aceptar su responsabilidad en el delito de lavado de activos.

Ocaña-Gamarra

Por los 4,6 millones de dólares que se pagaron para que la obra de construcción de la vía Ocaña-Gamarra fuera adicionada sin ningún tipo de licitación a la obra de la Ruta del Sol II bajo la figura del otrosí, han sido condenados el exsenador Bernardo Miguel Elías, conocido como el ‘Ñoño’ y el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Sebastián Correa.

En el caso del excongresista, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años y ocho meses de prisión después de aceptar su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.

Elías –del partido de La U- firmó un compromiso además ante la Corte Suprema de colaborar con su declaración en las investigaciones en las otras investigaciones que se adelantan contra aforados constitucionales, empresarios y particulares por estos actos de corrupción.

Por su parte, Juan Sebastián Correa logró su libertad después que le fuera avalado un principio de oportunidad por los delitos de tráfico de influencias, falso testimonio, amenazas a testigos y abuso de función pública. En este caso manifestó su interés de entregar información por los hechos irregulares que rodearon la adjudicación de esta adición.

Tunjuelo-Canoas

Mientras que por las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo principal descontaminar el Río Bogotá se han emitido dos sentencias.

El contratista Andrés Cardona Laverde fue sentenciado a cinco años de prisión tras el aval del preacuerdo en el que aceptó su participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautor.

Cardona Laverde fue señalado de utilizar su empresa para desviar parte del dinero del contrato que tuvo un valor cercano a los 244 mil millones de pesos.

Por su parte, la contratista Paola Solarte fue sentenciada a seis años y medio de prisión después de firmar un preacuerdo por los delitos de peculado por apropiación y abuso de confianza. En este caso reconoció haber pagado millonarias comisiones para que la empresa de su familia resultara beneficiada con este millonario contrato.