Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Política criminal en Colombia se ha caracterizado por ser reactiva, inestable, punitiva en materia de seguridad ciudadana
Política criminal en Colombia se ha caracterizado por ser reactiva, inestable, punitiva en materia de seguridad ciudadana
Archivo

El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela explicó que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, busca fortalecer los instrumentos jurídicos y recursos económicos con los que podrán contar las autoridades para actuar articuladamente contra la delincuencia en todas las ciudades del país. 

En contexto: Ley de seguridad ciudadana pasó a sanción presidencial: este es el ABC

Precisó además que el proyecto está integrado por varios aspectos entre los que se encuentran la regulación del uso de armas, se incrementarán las penas ya existentes en algunos delitos como el hurto al igual que, las sanciones contra quienes pretendan evadir a la justicia. 

"Se agravan las penas para los delitos de daño en bien ajeno, cuando se afecta la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de policía y para el delito de instigación a delinquir cuando se realiza para cometer delitos que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad", dijo. 

También se contempla endurecer las penas para los reincidentes en la comisión de delitos,  al igual que contra quienes utilicen armas blancas. 

En el caso del delito de homicidio se considerarán como agravantes las lesiones personales o los casos en los que se ejerce violencia contra servidor público. 

Otro de los cambios que contempla el proyecto de ley es la modificación del delito de hurto, donde se tendrá en cuenta el valor de lo hurtado por el presunto delincuente, es decir no tendrá la misma pena quien robe un bolso a quien robe una moto. 

"Si es hasta cuatro salarios mínimos (el costo del objeto robado) la pena de prisión será de 32 a 48 meses de prisión y si en cuantía es más de cuatro salarios mínimos la condena será de 48 a 108 meses de prisión", dijo.

Consulte aquí: No habrá negociaciones con el ELN, advierte el alto comisionado de paz
 
Asimismo, anunció que se crearán nuevos delitos como: el avasallamiento de bien inmueble, amenaza o intimidación con arma de fuego, el porte de arma blanca solo en evento público masivo y se introduce la no comparecencia ante las autoridades. 

Se contempla la resistencia al procedimiento de captura por medio del uso de la fuerza o la violencia. 

El ministro de Justicia y del Derecho, precisó además que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en las cárceles del país pero los alcaldes y gobernadores tendrán la potestad de contratar con empresas de seguridad privada la vigilancia de los privados de la libertad que se encuentren en calidad de sindicados.

Explicó que de esta manera tendrán que asumir la responsabilidad que tienen con los hombres y mujeres que están siendo investigados por la comisión de delitos y que están recluidos en un establecimiento carcelario. 
 
"Las cárceles departamentales y municipales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta iniciativa se contempló para que los entes territoriales, como lo determina la ley, puedan hacerse cargo de los sindicados y no se destinen policías para la vigilancia de estas personas. Los policías podrán estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos”, argumentó. 

Al mismo tiempo, señaló que este proyecto busca descongestionar los centros de detención transitoria, donde la mayoría de los reclusos son sindicados. 

"Cabe aclarar que el proyecto dispone que los alcaldes y gobernadores puedan contratar empresas privadas para la seguridad de los detenidos que están a su cargo, es decir los privados de la libertad que están en calidad de sindicados en los centros de detención transitoria y en las cárceles distritales o municipales, en ningún momento se pretende reemplazar al Inpec que seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en los establecimientos de reclusión del orden nacional", añadió. 

Consulte aquí: Demanda advierte sobre posible desaparición de peces y pide prohibir pesca deportiva en Colombia

Ruiz Orjuela señaló que lo que se busca también es que los policías puedan estar dedicados a cuidar a los ciudadanos y a reclusos.

"Esta iniciativa se contempla para que los entes territoriales cómo lo determina la ley puedan hacerse cargo de los sindicados y no sé destinen para la vigilancia de estas personas a los policías, que podrán estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos", explicó. 

Finalmente, aseguró que este proyecto busca garantizar los derechos de todos los colombianos al igual que sus libertades. 

“Tenemos que estar tranquilos frente a este proyecto de ley que es garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero a la vez implacable contra la delincuencia. Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes, porque los perseguiremos para combatir la inseguridad que tanto está afectando al ciudadano”, afirmó Ruiz Orejuela. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.