Los detalles de la investigación de la Corte Suprema contra Uribe
La investigación se relaciona con la compulsa de copias de la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos.
La investigación penal en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra, sucedieron después del 16 de febrero de este año, cuando ese tribunal archivó la investigación contra Iván Cepeda y compulsó copias para indagar al senador por presunta manipulación de testigos.
Desde la Corte Suprema se conoció que el caso tomó fuerza luego de la información recibida sobre el peligro que corría el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota, tras el asesinato de Carlos Areiza, otro testigo clave en la investigación por la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
Monsalve es hijo del administrador de la hacienda 'Guacharacas' en esa misma región de país, donde supuestamente se creó el grupo paramilitar ‘Bloque Metro’.
Juan Guillermo Monsalve se reunió en varias oportunidades con el senador Cepeda, ante quien denunció los supuestos vínculos del expresidente y su hermano Santiago con los grupos paramilitares, mientras RCN Radio confirmó que la Corte recibió información de que personas ajenas al caso, pretendían atentar contra la vida de Monsalve, tal y como sucedió con Areiza, por lo que ordenó al Inpec reforzar sus medidas de seguridad en la cárcel.
Incluso se registró una reunión entre la Corte Suprema, el director de la cárcel Picota y el director del Inpec, el general Jorge Luis Ramírez, en busca de controlar el ingreso de comidas para Monsalve y permitirle que cocinara sus propios alimentos, ya que al parecer se encontró una sustancia como "Mataratas", con la que pretendían envenenarlo.
“Mantener a este interno en condiciones de aislamiento, por seguridad de modo que a él sólo tenga acceso su familia, su abogado y las autoridades judiciales que lo requieran, previa información por escrito y con los mayores de control”, dice uno de los apartes del escrito que en su momento envió la Corte al Inpec.
Entre tanto, la Sala Penal además tuvo información sobre supuestas amenazas contra la familia de Monsalve, por lo que también se ordenó el traslado de su esposa hacía Canadá, en calidad de testigo protegido.
Cabe mencionar que desde el pasado mes de febrero cuando se iniciaron esas investigaciones, la Sala Penal ha recopilado interceptaciones telefónicas, vídeos de cámaras de seguridad y audios grabados en la cárcel, entre otros elementos, que dan cuenta de personas allegadas al expresidente Uribe visitando a Monsalve y otros internos en La Picota.
Entre esos internos que fueron mencionados, se encuentra Enrique Pardo Hashe, condenado por el secuestro extorsivo agravado y homicidio de Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana, y quien era vecino de celda de Monsalve.
Fuentes de la Corte Suprema revelaron que uno de esos visitantes sería un abogado cercano al senador Uribe, mientras que en una de las interceptaciones se escucha a Hashe hablando con un periodista para favorecer supuestamente al expresidente.
En este mismo proceso se investiga la presunta participación del representante Álvaro Prada en las mediaciones para que Juan Guillermo Monsalve cambiara su versión y testificara a favor del senador.
Desde la Corte Suprema han explicado que los delitos por los cuales llaman a indagatoria a Álvaro Uribe, no tienen nada que ver con su labor legislativa por lo cual la Corte perdería competencia y quedaría en manos de la Fiscalía.
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