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El Consejo de Estado negó la tutela que presentó la magistrada luego de ser recusada en el proceso por presunta manipulación de testigos.

Magistrada Cristina Lombana y expresidente Álvaro Uribe
Magistrada Cristina Lombana y expresidente Álvaro Uribe.
Colprensa

El Consejo de Estado negó la tutela que presentó la magistrada Cristina Lombana Velásquez contra sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 

La magistrada pedía anular el fallo  decidieron apartarla de las investigaciones contra el senador Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos. 

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La magistrada consideraba que se estaba cuestionando su idoneidad como juez al momento de aceptar la recusación en su contra, que fue presentada por la defensa del senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima dentro de este proceso. 

La razón que cobijó la recusación es que Lombana Velásquez estaba impedida en esos casos en particular por ser una militar en ejercicio: "Representaría una carga de desconfianza sobre la independencia e imparcialidad judicial, pues desvanece la posibilidad de considerar que la magistrada está revestida de la denominada 'apariencia de imparcialidad'".

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La elección de Lombana como integrante de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia fue criticada por su posible relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Luego de unos meses en el cargo de magistrada, y que por reparto le correspondiera a su despacho conocer de la investigación por presunta manipulación de testigos contra el senador Uribe, el periodista Daniel Coronell reveló en una de sus columnas, la supuesta relación laboral que tendría la magistrada con la defensa del actual senador. 

La columna titulada 'La Calladita' revelaba que Lombana laboró como abogada en la oficina del abogado Jaime Granados Peña, información que no fue puesta de presente ante la Sala Plena de la Corte en el momento de su postulación y elección. 

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“En lugar de haber procedido a declararse impedida de inmediato, lo hizo tardíamente cuando ya había sido nombrada”, dice apartes de la recusación. 

Después de esto, la magistrada publicó un comunicado en el que señalaba que no tenía ningún impedimento para adelantar la investigación contra el expresidente Uribe.

Sin embargo, esta explicación no fue de buen recibo por parte de la defensa de Iván Cepeda quien consideró que “no podría pregonarse apariencia de imparcialidad de una jueza que fue subalterna de quien actualmente investiga. Tampoco puede predicarse apariencia de imparcialidad de quien evitó poner en su hoja de vida la relación laboral con quien  funge como abogado defensor de una persona con mucho poder, como lo es el expresidente Uribe”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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