Magistrado de Justicia y Paz fue condenado por corrupción en el caso de alias "Mellizo"

El magistrado de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos, fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión por los delitos de cohecho propio y soborno en actuación penal por haber aceptado dádivas a cambio de entregar información y documentos importantes del proceso que se adelantaba contra el  narcotraficante Miguel Mejía, alias "Mellizo". 

Según la sentencia, durante el juicio, la Sala Especial de Primera Instancia logró demostrar que el magistrado Castellanos, entre 2013 y 2015, recibió cerca de cincuenta mil dólares que fueron entregados por el abogado representante de alias "Mellizo", Marco Tulio Quintero. 

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"Según el llamamiento ajuicio, entre los años 2013 y 2015, EDUARDO CASTELLANOS ROSO recibió de Marco Tulio Quintero Cano cincuenta mil dólares para que condición de Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá favoreciera a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, quien se encontraba postulado ante esa especialidad para la legalización de cargos como cabecilla del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia", explica el documento. 

Para la Sala, el magistrado Castellanos tenía plena capacidad para comprender que la acción realizada era ilegal, por lo que podía decidir por si mismo con respecto a esa conclusión, pues no se demostró que tuviera alguna enfermedad mental que afectara su capacidad para decidir sobre aceptar o no el soborno. 

"Siéndole exigible una conducta adecuada a los cánones normativos que le eran familiares como servidor público y operador judicial miembro de la Sala de Justicia y Paz encargado de aplicar las normas especiales expedidas a los desmovilizados a fin de facilitar el proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley", menciona la Sala. 

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El Magistrado también fue condenado a pagar una multa de 625 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.