Magistrado Gerson Chaverra será el encargado de revisar proceso contra el exministro Arias

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia escogió al magistrado Gerson Chaverra, como el ponente de la revisión de la condena de 17 años de prisión contra el exministro Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Junto a él, los magistrados Luis Antonio Hernández y Jaime Humberto Moreno conformarán la sala de tres que tomará una decisión de fondo.

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La Corte Suprema conformó la sala de tres magistrados después de que dio a conocer que acataba la orden que le dio la Corte Constitucional de permitirle al exministro Arias que un juez en segunda instancia revisara la sentencia.

Los magistrados, Patricia Salazar Cuéllar, Eugenio Fernández Carlier y Eyder Patiño Cabrera, quedaron por fuera del sorteo para escoger al ponente del caso porque participaron en la Sala que condenó al exministro en el 2014.

Chaverra es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado. Tiene mas de 25 años de experiencia en la Rama Judicial.

Según su hoja de vida fue magistrado por concurso de méritos de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y, posteriormente, del Tribunal Superior del Bogotá, del cual fue presidente.

Llegó a la Corte el 28 de febrero de este año y ahora tiene la exhaustiva labor de elaborar una ponencia, en segunda instancia, confirmando o tumbando la condena contra el exministro que fue emitida por esa misma Corte en el 2014.

Arias fue condenado tras hallarlo culpable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos, en millonarios convenios del programa de AIS.

Luego de que se conformaran las salas de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exministro luchó hasta llegar, por medio de una tutela, a la Corte Constitucional para que su caso fuera revisado por un juez superior. 

La decisión de la Corte Constitucional se basó en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero de 2014 que exigió a todos los países parte aplicar el mecanismo de objeción a las sentencias de única instancia, sobre todo en el caso de los aforados.