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ÁLVARO URIBE EN LA PLAZA DE BOLÍVAR
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Colprensa

Los cinco magistrados que hacen parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron una reunión de urgencia con el presidente de la Corte, Jorge Quiroz Alemán, en la que alertaron por su seguridad.

Fuentes de la Corte explicaron que en esa reunión que se dio hace un par de días, los cinco magistrados expusieron su preocupación por los constantes ataques de diferentes sectores contra la Corte, en el marco de sus decisiones judiciales. 

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Para los magistrados el tono de los mensajes en redes sociales y en medios de comunicación podría poner en riesgo su seguridad. 

Fuentes de la Corte confirmaron que en medio de esa reunión extraordinaria, los magistrados informaron que han tenido que reforzar sus esquemas de seguridad. 

Fuentes de la Corte señalaron que aunque la preocupación persiste, aún no piensan acudir a instancias internacionales para pedir protección y respeto por sus decisiones y la independencia judicial del país. 

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Sobre el proceso de presunta manipulación de testigos,  trascendió que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  tendría cinco días hábiles para decidir sobre el régimen legal por el cual debe adelantarse el proceso. 

Es decir, la Sala Penal debe definir si el proceso debe seguir su curso bajo el antiguo régimen legal (ley 600) o bajo el nuevo sistema penal acusatorio (ley 906). 

Esa discusión, llegó a la Corte después de que la jueza 30 de control de garantías remitiera el trámite del caso al alto tribunal. 

En audiencia de control de garantías, la jueza había determinado que el proceso debía adelantarse bajo el nuevo sistema penal, dado a que los hechos por los cuales Uribe es investigado sucedieron a partir del 2018, es decir 14 años después de creada la norma.

Laf funcionaria además tuvo en cuenta que Uribe dejó su fuero de congresista al renunciar al Congreso, por lo cual su juez natural sería uno ordinario y no la Corte Suprema de Justicia.

Eso querría decir que la justicia ordinaria sería competente para conocer los pormenores del proceso y decidir sobre la petición de libertad.

Sin embargo, pidió ese segundo concepto a la Corte Suprema para que determine su competencia. Mientras tanto el expresidente debe continuar privado de la libertad en su finca.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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