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URIBE EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Colprensa

La Corte Constitucional recibió una solicitud de la Procuraduría General de la Nación en la que pide que se seleccione para estudio la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe y con la cual buscaba que no lo llamaran imputado en el proceso de presunta manipulación de testigos.

En el documento, de cinco páginas, la procuradora Margarita Cabello sostiene que es la oportunidad para que se zanje un posible vacío sobre los procesos que pasan del sistema de la Ley 600 de 2000 (aplicable a aforados en la Corte Suprema) al sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que se aplica al resto de ciudadanos.

“Resulta de trascendencia nacional, ya que la inexistencia de un precedente claro sobre las reglas procesales aplicables tratándose del juzgamiento de congresistas cuando renuncian a su investidura, no sólo origina un escenario complejo para el respeto de las garantías procesales de los parlamentarios”, se indica en el documento firmado por  la procuradora Cabello.

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Dicha tutela fue rechazada por el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar el recurso como “improcedente”, toda vez que no se logró demostrar la afectación a sus derechos fundamentales con la decisión del juzgado cuarto de conocimiento emitida el pasado 6 de noviembre que consideró que Uribe ya estaba imputado dentro del proceso por manipulación y presión a testigos.

Esa tutela se desprende de un debate en torno a equiparar la indagatoria que definió en su momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con una imputación de cargos que adelanta la Fiscalía.

El debate surge tras la decisión que tomó Uribe de renunciar a su fuero constitucional para que la investigación en su contra la asumiera la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema de Justicia.

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Fue por esta misma razón que un juez de control de garantías tumbó la medida de aseguramiento que había emitido la Corte Suprema en su contra, el 4 de agosto de 2020.

El expresidente enfrenta una investigación por presuntamente haber presionado a sus abogados, con el fin que le ofrecieran beneficios económicos y prebendas a dos paramilitares para que señalaran al senador Iván Cepeda de estar detrás de un montaje contra el expresidente Uribe Vélez.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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