Más de 11 mil personas se han sometido a la JEP en año de funcionamiento
También se han abierto cinco casos 'macro' sobre los hechos ocurridos en el conflicto.
Se cumple el primer año de funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de establecer responsabilidades de los hechos ocurridos durante el conflicto para sancionar a los implicados y brindarle verdad y reparación a las víctimas.
Desde entonces, 11.675 personas se han comprometido a comparecer ante este organismo de justicia transicional, bajo el compromiso de contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado en Colombia.
El balance de ese tribunal especial señala que de ese total, unos 9.600 comparencientes han sido miembros de las Farc, 1.938 son integrantes de la Fuerza Pública, 38 son agentes de Estado y otras 12 personas participaron en hechos derivados de la protesta social.
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Cincos grandes casos
Otro dato para destacar es la apertura de cinco casos 'macro', a partir de los cuales se investigarán graves violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto.
El primer caso denominado ‘Retención ilegal de personas por parte de la Farc’, reúne más de 8 mil episodios de secuestros perpetrados por las Farc. En este proceso, se investiga a toda la cúpula de esa extinta guerrilla (31 miembros).
El segundo caso priorizó las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño. Estos municipios según informes suministrados por la Contraloría General, fueron desangrados para financiar la guerra y se estima que se desviaron más de 5 mil millones de pesos con ese propósito.
El tercer caso agrupa todos los casos de ‘falsos positivos’ cometidos en todo el país. Allí se investigará la participación de miembros de la Fuerza Pública, incluidos los altos mandos que se han sometido voluntariamente.
El cuarto caso prioriza la situación de violencia vivida en la región del Urabá, dentro del que se destacan casos como el exterminio de la Unión Patriótica y masacres como la del barrio La Chinita en Apartadó.
El quinto caso que abrió la JEP reúne la violencia cometida en el departamento del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.
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