En los últimos diez años se incrementó la tasa de homicidios de miembros de la comunidad LGBTI.

Comunidad LGBTI
443 investigaciones están relacionadas con hostigamientos por motivos de raza, religión, ideología u origen nacional, étnico o cultural.
Foto: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reportó que tiene a la fecha 737 investigaciones por racismo o discriminación y 443 relacionadas con hostigamientos por motivos de raza, religión, ideología u origen nacional, étnico o cultural.

De acuerdo con los investigadores en los últimos 10 años se ha registrado un aumento en la tasa de imputación de estas situaciones, pero la más relevante está relacionada con los homicidios de integrantes de la comunidad LGBTI.

Según los registros judiciales frente a los crímenes de miembros de la población LGBTI,  la tasa de imputación paso de un 8% en 2008,  a 39% en 2017.

"Esta tasa de imputación de cargos, incluso, está por encima del promedio de formulación de delitos de homicidios dolosos en el país que es de 25%", señala el informe de la Fiscalía.

Por instrucción directa del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los casos de racismo y hostigamiento a las comunidades afro y LGBTI, fueron priorizadas y se destacó un grupo de 35 fiscales para que asuman estas causas en una articulación de esfuerzos con las diferentes Seccionales de la Fiscalía y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana.

En el caso de actos de discriminación contra las comunidades afro las labores de los investigadores se han focalizado, principalmente, en zonas de los departamentos del litoral Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó).

Igualmente, la Fiscalía hizo un llamado a las víctimas o personas que conozcan de hechos de discriminación u hostigamiento para que denuncien y acompañen el proceso de investigación en todas sus etapas.

La Fiscalía enfatizó que con base en la  Ley 1482 de 2011, que tipificó la discriminación y hostigamiento como un delito en Colombia, los responsables de estas conductas se pueden exponer a penas que oscilan entre los  12  y 36 meses de prisión y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes.

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