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La Agencia Nacional de Infraestructura entregó un balance de la gestión que se ha realizado desde esa entidad para la protección de los recursos de la nación comprometidos en demandas contra el Estado y señaló que en los últimos años se ha logrado el ahorro de más de dos billones de pesos.

La ANI señaló que este rubro se ha puesto en juego en los Tribunales de Arbitramento a los que recurrieron varias firmas de construcción de vías en el país, con el objetivo de reclamar indemnizaciones por presuntas afectaciones en el desarrollo de sus contratos.

“De los 23 laudos emitidos en vigencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un Tribunal en promedio demoró hasta la decisión final dos años y seis meses. El más expedito fue de un año y dos meses mientras que el más largo fue de cinco años y tres meses. Aun así, es más rápido que el tiempo promedio de emisión de las sentencias en segunda instancia en la jurisdicción administrativa que ha llegado a registrar casos de hasta 10 años”, dijo esta entidad en un comunicado.

Los tribunales de arbitraje son escenarios judiciales conformados por particulares expertos en contratación de infraestructura, los cuales le han permitido a la ANI contar con una herramienta especializada para la resolución de conflictos, con las firmas constructoras en el país.

“Nuestra defensa en los tribunales arbitrales la hemos orientado principalmente en garantizar a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron desde el inicio.”, indicó la ANI.

Uno de los casos más recientes de demandas ganadas por el Estado, en el ámbito de la construcción de vías, fue en la obra del corredor Neiva - Girardot, en la cual el Estado se salvó de pagar 34 mil millones de pesos a la firma CSS Constructores, que argumentaba la generación de “costos adicionales” en la construcción.

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