Más voces de víctimas del Palacio de Justicia en rechazo de la Fiscalía

Los familiares de Carlos Rodríguez Vera, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, solicitaron que la Procurdauría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura inicien una investigación disciplinaria contra los fiscales que afirmaron que no hubo desaparecidos en el operativo de retoma, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Así lo anunció Jorge Eliécer Molano, abogado de la familia de Carlos Rodríguez Vera, quien para la época de los hechos era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y aparece en los registros judiciales como uno de los desaparecidos en esos cruentos hechos.

"Hay que decirle al país que el comportamiento de la Fiscalía General de la Nación y de la directora del Instituto de Medicina Legal van en abierta contravía de la ley 600 de 2000 y de la ley de víctimas. Estos funcionarios han atacado directamente la dignidad de las víctimas", dijo el abogado Molano.

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Según el jurista, este grupo de funcionarios revictimizaron a las víctimas y han incurrido en comportamientos revisionistas tendientes a negar las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, elevaron una solicitud al propio fiscal general de la nación encargado, Fabio Espitia, para que remueva a la totalidad del equipo de fiscales que lleva a cargo la investigación del caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

De igual forma, le pidieron a la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia Adriana del Pilar García, que se declare impedida para seguir conociendo este caso.

"Como consecuencia de ello estamos pidiendo al Consejo Superior de la Judicatura y al Procurador General de la Nación que investiguen el comportamiento temerario de estos funcionarios", dijo el abogado Molano.

Agregó que los representantes de los familiares de Rodríguez Vera informarán de esta situación durante la audiencia que próximamente se llevará acabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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"Le informaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado colombiano, y en particular la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal, han decidido de manera temeraria y abusiva desconocer su sentencia", añadió el abogado Molano.

Estas peticiones fueron realizadas luego de que el fiscal delegado Jorge Sarmiento afirmará en Noticias Caracol: "Los hallazgos que Medicina Legal, que junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años, nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fuero casos de malas identificaciones o de cuerpos  mezclados. Es decir, estas once personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal entregadas en 1985".