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Hacinamiento en cárceles
Foto de Colprensa para referencia

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, explicó que con la expedición del decreto 546 de 2020 que permite las excarcelaciones y detenciones domiciliarias para frenar el contagio de la COVID-19 en las cárceles país, los jueces no tendrán que presidir audiencias para otorgar los beneficios a los internos, sino que emitirán autos.

Con la norma emitida en las últimas horas, saldrán de las 132 cárceles 4.000 mujeres y hombres privados de la libertad.

Debido a esto, la ministra de Justicia aclaró que no habrá congestión en el proceso de trámite de los beneficios para los reclusos, pues se busca evitar cualquier riesgo tanto para los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como para los servidores judiciales.

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Los autos que emitirán los jueces penales municipales, con función de control de garantías del circuito, se harán de acuerdo a los requisitos que estableció el decreto emanado por el Gobierno, para disminuir el hacinamiento y la posibilidad de propagación del coronavirus.

“En el auto se pueden anunciar varias decisiones, pues el proceso debe ser ágil. El Inpec evaluará exactamente cuántos reclusos saldrán del centro carcelario, teniendo en cuenta también el concepto del director del penal”, dijo.

“Desde hace tres semanas venimos trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura y los jueces de una manera solidaria han manifestado su intención de colaborar para la aplicación de las decisiones de manera rápida”, expresó.

En ese sentido, Cabello Blanco agregó que “el procedimiento que establece el decreto es ágil y rápido, no por audiencias sino por un auto, en el que serán notificados por escrito acerca de decisiones de detención y prisión domiciliaria”.

Cabe mencionar que las medidas para frenar la propagación del coronavirus en las cárceles del país continuarán aplicándose sin dilaciones.

Los penales tendrán carpas medicalizadas para atender a quienes presenten síntomas relacionados con los provocados por la pandemia.

“Hemos reforzado el personal técnico, entregado 60% de los elementos de seguridad y estamos haciendo todo para garantizar el servicio continua de agua, estamos entregando todo lo que podemos”, dijo.

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Durante seis meses se aplicará esta medida; sin embargo, podría extenderse si la emergencia sanitaria por el coronavirus persiste.

No obstante, aclaró que de no ser así, al finalizar este tiempo, las personas privadas de la libertad deberán retornar a las 132 cárceles de Colombia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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