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El juez del caso les concedió medida no privativa de la libertad.

Refencia militar.
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Foto: Colprensa

Por presuntas irregularidades en un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos básicos de protección y desinfección, un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales COVID-19, formuló cargos contra el coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes, ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable del Ejército en Medellín.

También contra el capitán Harold Cárdenas Mesa, supervisor del contrato; el sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz, oficial de contratación encargado; y la contratista Luisa María Castiblanco Zapata. 

El delegado del ente investigador imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público. 

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Según la investigación, el contrato fue celebrado por la Cenac con la empresa Pacific Group and Business SAS, con recursos para atender la pandemia del coronavirus, y se evidenciaron presuntos sobrecostos en un 50% de los elementos adquiridos con el convenio.

La Fiscalía indicó que Luisa María Castiblanco Zapata es la representante legal de dicha empresa, y al parecer no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para ejecutar el objeto contractual. 

"Hay evidencia física y elementos obtenidos en las investigaciones, en el marco de la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para defensa de los recursos públicos, evidenciaron presuntos sobrecostos en un 50% de los elementos adquiridos con el contrato, celebrado por el Cenac con la empresa Pacific Group and Business SAS, de la cual Luisa María Castiblanco Zapata es representante legal y al parecer no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto contractual", señaló el organismo investigador.

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Tras las audiencias preliminares, el Juzgado 14 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad para los procesados. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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