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Edgardo Maya manifestó que con esta ley el Gobierno debe indemnizar a Odebrecht por las obras inconclusas de la Ruta del Sol.

Ruta del sol II
Ruta del sol II.
Colprensa

El despacho de la magistrada Cristina Pardo no la tiene fácil; en sus manos está el estudio de la demanda contra uno de los artículos de la ley de infraestructura, que abre la puerta a que empresas que hayan incurrido en hechos de corrupción puedan recibir indemnizaciones por la cancelación anticipada de los contratos que tengan con el Estado.

Este punto fue demandado por el excontralor General Edgardo Maya Villlazón al advertir que dejar la ley en firme puede hacer que el Estado termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró en el país por la Ruta del Sol, una obra cuyo contrato se anuló por hechos de corrupción.

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Por medio de un concepto enviado al despacho de la magistrada el Ministerio de Hacienda pide dejar la norma tal cual como está, esto con el fin de evitar una crisis económica en el país que afectaría la inversión extranjera y nacional.

Las obras a través de Inversión Público – Privada no se van pagando en la medida en que se ejecute la obra, según explica el Ministerio, “la retribución que recibe el inversionista privado, se realiza en el momento en que la construcciones la obra haya culminado”.

Lo anterior quiere decir que “en los primeros años de ejecución del contrato, las obras se deben financiar por inversionista privado, ya sea a través del patrimonio de sus accionistas o con deuda adquiría con bancos”.

El Ministerio resalta que si la norma se cae, no solo afectaría al inversionista privado, que en este tipo de casos se conoce como inversionista de buena fe, sino también trabajadores, proveedores, pequeñas y medianas empresas que hayan participado en la ejecución del proyecto cuyo contrato se declaro nulo.

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"En el evento de una nulidad absoluta por ocurrencia de un ilícito, existirán terceros de buena fe afectados que no habrán tenido relación con el ilícito (…) se verían perjudicados por el hecho, ya que no recibirían compensación alguna por los bienes o servicios prestados al concesionario", precisa uno de los apartes del documento. 

En este punto añade que “declarar nulo un contrato de APP por causa ilícita y no reconocer compensación alguna por los costos e inversiones efectuadas por el contratista,  perjudicaría a familias, trabajadores pequeñas y medianas empresas".

Teniendo en cuenta cifras del Ministerio, a octubre del año pasado se encontraban radicados 31 proyectos bajo ese esquema, con inversiones de cerca a los 45 billones de pesos en diciembre de 2017 y con un monto de vigencias futuras comprometido de 54 billones y  aproximadamente 5.88 kilómetros por intervenir.

Lo cual, también podría afectar la situación macroeconómica del país  y afectar el crecimiento económico “teniendo en cuenta que la infraestructura de proyectos 4G contribuirán entre el 0.2 y el 0.6 puntos porcentuales al crecimiento económico del país entre 2018 y 2021”.

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La banca opina lo mismo. Asobancaria por ejemplo señaló que la inexistencia de la normativa crearía un escenario de inestabilidad jurídica y desconfianza para los bancos y terceros de buena fe que prestan su dinero para las grandes obras en el país.

Pero la Procuraduría se opone a esas posturas dándole la razón a la demanda del excontralor Maya, al señalar que la norma podría poner en riesgo recursos públicos más allá de los comprometidos en la APP “amplía sin justificación la aplicación de ese pago de contratos de concesión de infraestructura".

Fuente

Sistema Integrado de Información

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