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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, resaltó la aprobación de ocho iniciativas que promovió esa cartera y que fueron aprobadas tras ser discutidas en el Congreso de la República.  

“Celebro que en el actual periodo legislativo fueron aprobados por el Congreso de la República ocho proyectos de iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, todos con relevancia para la ciudadanía”, dijo Ruiz.

El primero, la Reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que moderniza y actualiza el Código a las necesidades de las población, acerca la justicia a la ciudadanía enfocado a la eficiencia y a la oportunidad de acceso.

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La reglamentación de los consultorios jurídicos, ya que por primera vez en 70 años se actualiza la regulación de los mismos.

Explicó que esta reglamentación “permitirá enfatizar en el aprendizaje práctico de los estudiantes de derecho y a la vez mejorar  el acceso a la justicia para la población vulnerable”.

Otra ley fue el tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas, propicia los esfuerzos que beneficien a ambos Estados, priorizando los casos por razones netamente humanitarias.

“Esta iniciativa busca que los colombianos condenados en el país asiático pueden venir a cumplir su condena en Colombia”, manifestó Ruíz.     

El proyecto que regula el cobro internacional de los alimentos para los niños y otros miembros de la familia. “Esta ley permite la presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en materia de alimentos y garantiza el reconocimiento y ejecución de tales de decisiones”, manifestó el ministro.

Igualmente, destacó la reglamentación de la prisión perpetua que constituye una herramienta fundamental para garantizar el interés superior de los menores de edad, el cual es excepcional, ya que sólo es aplicable en conductas delictivas, en las que un niño o adolescente sea víctima de homicidio en la modalidad dolosa y acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir.   

“En este caso se podrá hacer la revisión del proceso de resocialización en un plazo mínimo de 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo de la condena, pero de todos modos el condenado tendrá que cumplir una pena mínima de 50 años y en caso de concurso de delitos 60 años”, señaló.

Así mismo, resaltó la reforma a la Ley Estatutaria de la administración de justicia que establece el marco normativo para la transformación digital de la Rama Judicial, fortalece los mecanismo alternativos de solución de conflictos, crea los juzgados itinerantes para llevar la justicia al ciudadano, fomenta la equidad de género, entre otros aspectos.    

Otro proyecto aprobado es la regulación y el fortalecimiento a las comisarías de familia, se otorga autonomía territorial dando mayor capacidad de dirección y seguimiento de las políticas de violencia intrafamiliar y tendrán una fuente propia de financiación.

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Finalmente, aseguró que se resalta la reforma a la legislación penal para instituir los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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