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Ruta del Sol
Esta obra comenzó en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, en los años 90.
Colprensa

Tras conocerse el laudo del Tribubal de Arbitramento, el cual decidió anular los contratos y otrosíes acordados entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio Ruta del Sol II, diferentes sectores reaccionaron. 

A través de un comunicado, uno de los primeros en reaccionar fue la ANI y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes señalaron que "como Gobierno Nacional celebramos la declaratoria de nulidad del contrato de concesión de la Ruta del Sol, sector 2, emitida mediante Laudo Arbitral". 

E indicaron que la determinación "sanciona los actos de corrupción ocurridos alrededor del contrato y garantiza la protección del interés público y el patrimonio del Estado".

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En el documento, la ANI advierte que "respetuosas de las decisiones judiciales, analizarán en detalle las implicaciones del fallo, antes de emitir cualquier pronunciamiento a la opinión pública". 

Frente al fallo que le negó a la Concesionaria Ruta del Sol y a Odebrecht pretensiones indemnizatorias tasadas en cerca de $3.8 billones de pesos también se refirió la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien ha recibido duras críticas por la negociación que adelantaban con los bancos.

"Celebramos profundamnete que se decretó la nulidad del contrato y que es un fallo que a todas luces es favorable para la nación. Nosotros esperábamos al tribunal y el pago es mucho menos de lo que pensamos, la condena es mucho menor de lo que esperábamos", señaló la Ministra.

La conciliación que adelantaban desde la cartera buscaba un acuerdo por 1.2 billones de pesos, una cifra distante a la hoy anunciada por el Tribunal que no supera los 212 mil millones de pesos, de los que la nación sólo aportaría cerca de 24 mil. 

Otro de los pronunciamientos se dio por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien celebró la decisión del Tribunal de Arbitramento de Ruta del Sol II. 

"Esta decisión jurisdiccional reconoce que Odebrecht promovió graves actos de corrupción desde los orígenes del proyecto y hasta la terminación del contrato. El fallo del Tribunal reconoció la posición de la Procuraduría General de la Nación que pidió la anulación del contrato, negando además reconocimientos económicos adicionales", señaló la entidad. 

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Advirtiendo que el fraude y la corrupción propiciada por esta multinacional no podía ser fuente jurídica de ningún derecho. 

“El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina. El laudo le dio la razón a la Procuraduría que todos estos años se opuso a que se le reconocieran multimillonarios pagos a esta multinacional de la corrupción”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo Flórez. 

Para Carrillo, esta decisión afianza la posición del Ministerio Público, que en días pasados le pidió a la Ministra de Transporte abstenerse de realizar pagos a terceros al margen del laudo arbitral, por lo tanto se hará una vigilancia especial para el estricto cumplimiento del laudo. 

La decisión determinó que el valor establecido en el laudo, es decir $211 mil millones, es adicional al monto que ya se había reconocido y pagado a los bancos por $1.4 billones por lo tanto, el valor real total de la liquidación reconocida es de $1.63 billones.

En el fallo, también se lee que el Tribunal de Arbitramento no niega la condición de acreedores de buena fe de los bancos ni su condición de depositarios de la confianza de los ahorradores.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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