Narcotraficantes utilizaron a población civil para presionar devolución de cocaína

La Fiscalía General abrió investigación por los hechos de asonada que se presentaron en el municipio de Argelia (Cauca) cuando se adelantaba un operativo que finalizó con la incautación de toneladas de cocaína. 

La información preliminar indica que 60 soldados, cuando estaban asegurando el estupefaciente y el armamento incautado, fueron rodeados por 500 miembros de la comunidad y trasladados hasta una cancha de fútbol ubicada en la vereda Sinaí.

“Donde se les retuvo por varias horas con el fin de impedirles cumplir con su función, bajo la exigencia de que se debía devolverles la droga y armas incautadas, que previamente fueron depositadas en un helicóptero”, precisó la Fiscalía.

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El ente investigador señaló que la población civil fue presionada por los narcotraficantes de la región para que recuperaran la cocaína incautada, situación que se presentó en semanas anteriores durante un operativo.

En esa oportunidad la comunidad le advirtió a los fiscales y a los soldados que no podían ingresar puesto que se trataba de un municipio cocalero, hecho por el cual las autoridades estaban vedadas.

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El helicóptero

El helicóptero que tenía la cocaína incautada logró despegar de la zona, sin embargo minutos después cayó a tierra. En la acción murieron todos sus tripulantes, dos oficiales y dos suboficiales del Ejército Nacional.

Una comisión de la Fiscalía, con apoyo de expertos de la Fuerza Aérea, se trasladó al lugar con el fin de verificar los hechos que rodearon la caída de la aeronave e identificar a los responsables de esta asonada.

El organismo investigará a los instigadores de esta asonada por los delitos de secuestro y violencia contra servidor público.

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El fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró frente a estos hechos que no existe ningún espacio vedado para las autoridades judiciales y militares. “Estos hechos vandálicos no pueden ser tolerados por el Estado ni por la ciudadanía”.

El jefe del ente acusador aseguró que se dio la orden para identificar y judicializar a los narcotraficantes que presionaron a la ciudadanía para que retuvieran a los soldados.