Niegan sustitución de detención a exgobernadora Oneida Pinto
El juez indicó que no se sustentó de manera adecuada la urgencia jurídica para cambiar la medida
El juzgado 49 de garantías de Bogotá negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto, que había sido planteada por su abogado defensor considerando que lleva más de un año detenida sin que se le defina su situación jurídica.
La defensa de Pinto Pérez, a cargo del abogado Antonio Luis González, pedía que se autorizara una medida no restrictiva de la libertad con presentaciones periódicas al despacho, en el marco de las investigaciones en su contra por supuestos hechos de corrupción en la administración municipal de Albania (La Guajira).
Sin embargo el despacho negó la petición argumentando que no se logró sustentar de manera adecuada por parte del abogado de la procesada la necesidad urgente para sustituir la medida de aseguramiento a Oneida Pinto. Tras la determinación el abogado no presentó recurso de apelación.
El pasado octubre 2017 un juez de Soacha (Cundinamarca) le concedió la detención domiciliaria a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, quien se encontraba detenida en la cárcel Buen Pastor, en Bogotá.
Según argumentó su abogado defensor, “la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez es madre cabeza de familia y tiene a su cargo a sus hijos menores de edad, por lo cual solicita la sustitución de la medida de aseguramiento de intramural por domiciliaria”.
Basado en esa solicitud el juez aceptó los argumentos de la defensa de la exgobernadora y procedió a ordenar la sustitución de la medida de aseguramiento. En la misma determinación se ordenó abrir una investigación contra el fiscal 28 anticorrupción, Carlos Castañeda, por no asistir a las diligencias judiciales.
Oneida Pinto es investigada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en celebración de contratos.
Pinto es señalada por la celebración de un contrato para reducir la mortalidad en la población infantil en 2007 durante su administración como alcaldesa de Albania (La Guajira), pero que según la Fiscalía produjo un enorme detrimento patrimonial sin cumplir los objetivos del convenio.
