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El mismo expresidente confirmó la noticia.
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El exdirector del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía Camilo Burbano, aseguró que el excongresista Álvaro Uribe debería quedar en libertad luego de que el proceso penal en su contra por presunto soborno de testigos pasó a ser de competencia de la ley 906, es decir, bajo el nuevo sistema penal acusatorio. 

"El exsenador Álvaro Uribe debería quedar en libertad al cambiar de sistema, las decisiones tomadas en el sistema anterior no son equiparables a la ley 906, porque las autoridades que pueden emitir, por ejemplo, la medida de aseguramiento son diferentes", dijo Burbano. 

Así mismo, explicó que: "en la ley 600 del sistema anterior, quien emite la orden de captura y la medida de aseguramiento es la Corte Suprema de Justicia, mientras que en este caso sería un juez de control de garantías".

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Según Burbano, como los dos sistemas no son equiparables, las decisiones tomadas en vigencia del antiguo sistema son inexistentes en el actual sistema penal acusatorio, por lo tanto la medida de aseguramiento quedaría sin fundamento.

Entretanto, el abogado Marlon Díaz planteó que: "no puede existir una medida de aseguramiento si previamente no hay formulación de imputación. Aquí no se ha formulado imputación. Si la Juez de Control de Garantías acepta y encuentra que no existe equivalencia entre la indagatoria que le recibieron en ley 600 en la sala de instrucción de la Corte Suprema y la audiencia de formulación de imputación".

El abogado Díaz señaló que este escenario,  llevaría a exigirle a la Fiscalía General de la Nación que le formule  imputación de cargos para adelantar el proceso desde el principio.

"Quedando incólumes la totalidad de medios de conocimiento que fueron recaudados hasta este momento, con una situación, sólo serán prueba si se practican en un juicio, por ahora son solo eso, elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida", dijo Marlon Díaz.     

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Por su parte, el abogado Andrés Garzón cuestionó varias de las pruebas recolectadas en su momento por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como lo son las interceptaciones telefónicas ilegales señaladas de ser clave para el proceso.

"Algunas de las pruebas que sustentan las medida de aseguramiento tienen serios cuestionamientos para los del nuevo procedimiento, por ejemplo, las interceptaciones no tuvieron una revisión de legalidad por parte de un juez de control de garantías y por lo tanto no podrían ser utilizadas en este momento para imputar, ni mucho menos para privar de la libertar a ningún ciudadano", agregó el abogado Garzón.       

Fuente

Sistema Integrado de Información

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