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El 83% de los homicidios desde marzo 2018 fueron contra líderes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas, comunitarios y de comunidades negras.
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El Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se refirió a una solicitud que emitió a la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, quien fue recibido en la JEP. 

Suárez fue sentenciado a 27 años de prisión por el crimen del excontralor departamental, Alfredo Enrique Flórez registrado el 6 de octubre de 2003.

Carrillo aseguró que no se admitirán “colados” en estos procesos, al señalar que el exalcalde no reúne las condiciones necesarias para ser admitido, teniendo en cuenta que se le acusa de delitos que no están relacionados con el conflicto armado o cometidos por las Farc. 

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“Hay una serie de conductas delictivas ya calificadas por la autoridad judicial, que no se presentaron con ocasión al conflicto armado. Por eso, hemos apelado esa decisión que se ha dado en primera instancia y seguiremos evitando que hayan colados ante la JEP”, expresó.

Asimismo, Carrillo afirmó que la Procuraduría es el único actor procesal ante la JEP y por ello su responsabilidad consiste en establecer qué tipos de delitos pueden ser sometidos a la jurisdicción.

“Estamos convencidos de que tenemos una gran responsabilidad con la JEP, que consiste en determinar qué tipos de delitos pueden ser sometidos a la jurisdicción, donde vemos que este exalcalde no cumple con los requerimientos”, adujo.  

Lea ademásRamiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, fue admitido en la JEP 

Además, Suárez Corzo enfrenta una investigación por el crimen del coordinador de veedurías ciudadanas, Pedro Duran Franco, el 12 de agosto de 2013.

En su sometimiento a la JEP, Suárez Corzo se comprometió a contar toda la verdad, revelando datos desconocidos sobre los verdaderos autores de estos asesinatos y los móviles de los mismos. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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