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Terrenos fumigados con glifosato en Antioquia
Cortesía

En diciembre de 2020 el Gobierno realizó una audiencia pública para discutir el Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos del país.

Sin embargo, no todos los campesinos de esas regiones participaron en la audiencia porque no se enteraron o porque no contaron con los medios para asistir, ya que la audiencia se realizó de forma virtual por la pandemia de la covid-19.

Aunque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dice que fue un espacio de alta participación, la organización Dejusticia comprobó que solo asistieron cuatro personeros, tres gobernadores y un alcalde de los 14 departamentos.

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También trascendió que durante el desarrollo de esa audiencia hubo interferencias y se cortó la transmisión por más de 20 minutos de unos los procuradores del Chocó y que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional como solicitante de la modificación del Plan, no respondió a las inquietudes de los participantes.

La Anla también ha dicho que la audiencia se transmitió por 78 emisoras, pero los campesinos señalaron que esa medida no fue suficiente para explicar el uso de ese herbicida.

Por esas irregularidades, las comunidades acudieron a una acción de tutela ante la Corte Constitucional, tras indicar que se incumplió la orden sobre la participación efectiva de las comunidades, frente a la eventual reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato.

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La organización Dejusticia intervino en la Corte y pidió que se falle a favor de esas comunidades por su derecho a la participación, información y consulta previa frente a las aspersiones con ese herbicida. 

“Las personas potencialmente afectadas por la reanudación de las aspersiones y que deben participar en el proceso, han carecido de información completa e imparcial, así como de canales adecuados de participación para presentar sus opiniones e inconformidades”, destaca uno de los apartes de la tutela.

Esa entidad también cuestionó que el Gobierno presente un plan para las fumigaciones y anuncie eventuales fechas de su inicio, a pesar de que no se han resuelto  estas acciones judiciales y administrativas (plan de manejo ambiental y su autorización y estudio de impacto en salud y su autorización).

Por su parte, el Gobierno Nacional dio a conocer el decreto 380 que traza la ruta para retomar las fumigaciones, que debe cumplir con las ordenes de la Corte Constitucional y ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

Fuente

Sistema Integrado de Información

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