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Las cárceles en Colombia presentan hacinamientos.
La mayoría de las cárceles en el país presenta este panorama de hacinamiento.
AFP

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) Óscar Robayo, afirmó que apoyan la reforma al Inpec, que anunció el presidente Iván Duque, tras los actos de corrupción que se presentaron en la fuga de alias ‘Matamba’; pero solicitaron que esta sea administrativa respetando los derechos de los trabajadores.

El líder sindical anunció que esperan que esta reforma mejore el sistema carcelario del país, afectado por los altos niveles de corrupción y hacinamiento. 

“Nosotros queremos una reforma de forma integral, que respete los derechos de carrera y que busque mejorar el sistema carcelario más no tapar la crisis carcelaria con una leguleyada”, afirmó.

Apuntó que las investigaciones de las autoridades y de los organismos de control es para sancionar a las personas de forma individual.

“Las investigaciones tienen que individualizar a las personas que cometieron los actos de corrupción, pero esto solo se castiga cuando se presentan este tipo de escándalos con la fuga de Matamba; y no cuando se pierde el dinero de la contratación pública, esa es una doble moral que maneja el gobierno nacional”, sostuvo.

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Robayo le pidió una reforma administrativa donde están los principales problemas de corrupción.

“Le pedimos al ministro de Justicia Wilson Ruiz, y al Presidente, Iván Duque, que se fortalezca la institución y que sean decisiones administrativas, concertadas; y que se respete los derechos laborales de los trabajadores, porque en el Inpec los buenos somos más, y el Inpec tiene que reconocer que nosotros trabajamos para mantener esta crisis carcelaria, y lo hacemos con las uñas y sin recursos”, afirmó.

Dijo que aunque han denunciado múltiples actos de corrupción al interior del Inpec, no se han tomado las medidas para frenarlos.

“Pensamos que si no hubiera pasado lo de Matamba, no se habría pensado en solucionar la crisis carcelaria que viene de muchos años atrás”, aseguró.

Añadió que le preocupa que es muy corto el tiempo que le queda a este gobierno para solucionar este problema en las cárceles del país.

“Yo no creo que este gobierno en cuatro meses vaya a encontrar la fórmula mágica para solucionar  la crisis humanitaria de las cárceles que es el verdadero problema”, expresó.

Recalcó que las decisiones son de fondo para encontrar soluciones definitivas.

“Porque si piensan que liquidarnos o pasarnos a la Policía o volvernos una fuerza pública, sería lo mejor, están equivocados porque, sería buscar un manto de impunidad, callando a los trabajadores, porque vemos con preocupación que la política del Ministerio de Justicia es privatizar las cárceles, para tapar el hacinamiento carcelario, el cual no se acabó sino que se trasladó a los centros de detención, Uri y estaciones de Policía”, resaltó.

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Dijo que esta reforma afectaría a 12 mil funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y 4 mil administrativos.

“Hemos sopesado una crisis carcelaria dentro del Inpec y pensamos que es la hora de fortalecer esta la institución, porque hemos visto que la Unidad de Servicios Penitenciarios, es el foco de corrupción más grande dentro sistema carcelario, debido a la mala contratación y la pérdida de recursos que se presentan por esta entidad, contratando la logística, seguridad e infraestructura”, dijo.

Denunció que trabajan en condiciones muy difíciles, porque en muchas cárceles del país no funcionan las cámaras, no sirven los radios y no tienen una estructura buena”, relató.

Señaló que es importante además que la administración del Inpec sea de alguien de carrera y no de la Policía.

“Las cárceles están dirigidas en su mayoría por oficiales retirados de la Policía que no conocen el tema, el aparato disciplinario del Inpec  también es manejado por ellos, pero que no tiene conocimiento del sistema carcelario, lo que es preocupante”, puntualizó.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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