Nueva derrota judicial para las víctimas de DMG

La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Superintendencia de Sociedades con la que buscaba que un lote avaluado en 100 mil millones de pesos ingresara al proceso de indemnización de las víctimas de DMG.

Con la acción se buscaba que el lote, donde funcionaban las oficinas de la captadora ilegal en la Autopista Norte de Bogotá, pasara a la Sociedad DMG Holding, S.A. y así se realizará todo el proceso de trámite. Sin embargo, el Tribunal determinó que este inmueble nuca fue propiedad de DMG como tal.

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En este sentido se señala que el empresario Juan Carlos López, quien tiene la propiedad del megalote, emprendió unas acciones legales con el fin de recuperar el predio el cual entró –según manifiesta- de manera irregular en la lista de bienes inmuebles de David Murcia Guzmán cuando se realizó la intervención de DMG.

En este sentido se manifiesta que en contra de dicha anotación existe un proceso jurídico y una denuncia en contra de los fiscales de la unidad de extinción de dominio que realizaron el trámite para que el mismo fuera inscrito a nombre de DMG Holding. La defensa del empresario sostiene que dicho lote nunca le fue vendido a Murcia sino que solamente se firmó una promesa de compraventa la cual nunca se efectuó.

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La Superindendencia de Sociedades presentará recurso de apelación en contra de este fallo ante el Consejo de Estado con el fin de destrabar este trámite para reparar a las 220 mil víctimas reconocidas de DMG. Mientras que los abogados del empresario esperan que se solucione de una vez por todas este problema.

David Murcia Guzmán fue deportado a Colombia el pasado 25 de junio después de cumplir una condena de nueve años de prisión en Estados Unidos. Actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de 22 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos agravado.

Las víctimas reconocidas en los procesos judiciales han manifestado que después de 12 años el proceso de reparación va a "paso de tortuga".