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La ley de sometimiento fija nuevas herramientas judiciales para frenar la ola de ataques contra los defensores de Derechos Humanos.

Enrique Gil Botero, ministro de justicia
Enrique Gil Botero, ministro de justicia
Colprensa

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que existe un voluntad indeclinable del Estado para no dar margen ni  tregua alguna a los responsables de los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

De igual forma, destacó en RCN Radio que como parte de esta estrategia para frenar los ataques y crímenes fue sancionada la ley de sometimiento para las organizaciones criminales, la cual otorga una serie de herramientas jurídicas para cumplir con este propósito.

Gil Botero resaltó que esta nueva legislación contempla que a partir de ahora en Colombia será juzgado como delito autónomo las  amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y los responsables de este fenómeno se expondrán a una pena que oscila entre 6 y los 10 años de prisión.

"Igualmente, como delito las meras amenazas que están quedando en la impunidad; es decir, un tema va entrelazado con el otro (...) Porque  aquí haya un articulación muy importante en el papel que tienen las bandas criminales en el trasegar de las vidas de los defensores de derechos humanos y de líderes sindicales", explicó.

El ministro  indicó  que "a partir de este momento, quien por cualquier medio atemorice o amenace a una persona que esté ejerciendo estas actividades de promoción de defensa de los derechos humanos va a incurrir en penas de entre 72 meses a 128 meses y una multa grandísima (...) porque se estaba generando una serie de intimidaciones y de gestación de violencia a través de la provocación de las amenazas que quedaban en la impunidad".

Ley fortalece penas contra implicados en asesinatos de líderes sociales

Los corruptos no serían beneficiarios de la ley 

De otra parte, el ministro de Justicia dejó en claro que aunque esta ley contempla un endurecimiento de las penas contra los corruptos y sus redes de corrupción, ello no implicaría que vayan a acceder a los beneficios que concede este nuevo marco legal de sometimiento  que cobija a los grupos armados organizados, como el llamado 'Clan del Golfo'.   

"La política que se ha gestado y se ha venido desarrollando particularmente frente a la corrupción responde a una realidad y es no darle tregua y cercenar de raíz el fenómeno de la corrupción", dijo Gil Botero.

De acuerdo con esta nueva legislación los grupos de delincuencia organizada autores de actos de corrupción que se concierten para delinquir, ahora se enfrentan  a una pena que va de  8 a los 18 años de cárcel.

Esta ley se sustenta en la Convención de Palermo que cobija los delitos de lavado de activos, terrorismos y corrupción.

"Por eso, frente a la corrupción realmente en los proyectos y en las leyes se están minimizando o excluyendo completamente todos los beneficios", enfatizó. 

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