Nueva traba en la Corte Constitucional para estudio del impuesto solidario

La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene que definir si acepta que tres de sus magistrados se aparten de las discusiones sobre el decreto 568 que crea, por la pandemia del coronavirus (COVID-19), el impuesto solidario para funcionarios públicos que ganen más de 10 y 15 millones de pesos.

Se trata de Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Carlos Bernal -ponente del caso-, quienes presentaron impedimentos ante la Sala para continuar en el proceso de debate.

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Reyes y Linares señalaron en el impedimento que sus esposas son “sujeto pasivo de ese impuesto” y lo han pagado en los meses de mayo y junio.

Bernal pidió ser apartado de la discusión porque su hermano “fue sujeto pasivo del impuesto solidario por la COVID-19 durante el mes de mayo y junio”, y trabajó en el Ministerio de Salud. Así las cosas, la Sala deberá escoger un nuevo ponente para la decisión.

Antes de declararse impedido, Bernal ya había solicitado una serie de pruebas para estudiar el caso, entre ellas pidió al Gobierno responder 14 preguntas en donde se pidió justificación sobre los criterios para escoger al grupo de personas de “clase media vulnerable” a quienes va a ir dirigida la medida.

También pidió aclarar por qué el decreto no incluye a los miembros de la fuerza pública, y “¿cuál será el monto esperado por el recaudo del impuesto solidario por el Covid-19, y “los costos estimados de la inversión social que se financiará con el impuesto”.

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Al inicio del debate, los nueve magistrados de la Corte presentaron impedimento porque el decreto implica que ellos deban donar parte de su sueldo; sin embargo, nueve conjueces determinaron que los magistrados sí podrían seguir estudiando el caso.

Ahora, con esos tres impedimentos, el debate al interior de la Sala Plena vuelve a estancarse hasta que se resuelvan.