Nuevo recurso en la Corte Constitucional volvería a retrasar discusiones sobre el aborto

Un nuevo recurso legal que llegó a la Corte Constitucional, a finales de agosto, volvería a retrasar las discusiones que se adelantan sobre la despenalización total del aborto.

Se trata de un derecho de petición que radicó la ciudadana Vilma Martínez, quien pide información a la Corte sobre si ha hecho seguimientos al tratamiento de “los cadáveres de los bebés abortados” desde el 2006, fecha en la cual se despenalizó parcialmente el aborto.

En el documento, de 36 páginas, la ciudadana cita una serie de presuntas irregularidades que se estarían presentando en el tratamiento de esos cadáveres y advierte que la Corte tendría cierta responsabilidad por sus fallos sobre el tema.

La Corte tiene 15 días hábiles para responder a ese derecho de petición que se conoce tras la histórica decisión de la Suprema Corte de México que despenalizó totalmente el aborto en ese país.

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Contra la penalización del aborto hay dos demandas en estudio en la Corte, una en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos y la otra en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo.

Al parecer, ambas ponencias irían a favor del aborto como proponen organizaciones como Causa Justa y Women´s Link; sin embargo, las discusiones se han demorado por cuenta de recusaciones y recursos de nulidad que han sido rechazadas por los magistrados.

Las demandas que estudia la Corte piden eliminar el artículo 122 del Código Penal que impone cárcel a la mujer que se cause un aborto y a quien lo cause por fuera de las tres causales despenalizadas desde el 2006.

La demanda que estudia el despacho del magistrado Rojas fue interpuesta por el ciudadano Andrés Mateo Sánchez. Él considera que la penalización del aborto debe “ser excluida del sistema jurídico, toda vez que desconoce la dignidad humana, el respeto por los derechos de la mujer, el libre desarrollo de la personalidad, la inalienabilidad de los derechos de la persona, el derecho de acceso a la salud, la primacía de los tratados que reconocen Derechos Humanos y el no desconocimiento de derechos inalienables de la persona”.

La demanda, en el despacho de Lizarazo, la promueve el movimiento Causa Justa y señala que la norma viola “el derecho a la salud, en relación con el derecho a la igualdad; el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular; el derecho a la libertad de profesión y oficio del personal de la salud; el derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico, y los diversos estándares constitucionales mínimos del uso del derecho penal y de la política criminal”, plantea la demanda.