Ocho años de cárcel contra Luis Carlos Gómez, primera condena por 'chuzadas'

Un juez de conocimiento de Bogotá emitió una condena de ocho años y cuatro meses de prisión contra Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General, por estar implicado con el escándalo de la nueva red de chuzadas telefónicas ilegales.

Gómez Góngora se convierte así en el primer exfuncionario de la entidad en recibir una condena por haber interceptado ilegalmente comunicaciones, luego de haber aceptado cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.

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Los hechos se relacionan con la auditoria interna que realizaba la Fiscalía mediante la cual quiso establecer si se estaban realizando interceptaciones irregulares, dentro de una investigación que se adelantaba contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz.

En el marco de la investigación interna, los peritos de la Fiscalía lograron establecer que se violaron los protocolos de seguridad que se siguen en estos procesos puntuales.

#ATENCIÓN Primera condena por caso interceptaciones ilegales. Juez condenó a 8 años y 4 meses de prisión a Luis C. Gómez G., excoordinador sala Diamante. Delitos: fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público, en caso del sindicato Acdac

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 17, 2019

Es de recodar que el general retirado Salinas Muñoz es procesado penalmente por las interceptaciones ilegales, por intermedio de la comercialización de esta clase de servicios prestados por una empresa de seguridad e investigaciones en el año 2016.

“Los resultados de la escucha corroboran que esta persona efectivamente corresponde al capitán de la aerolínea Julián Pinzón y que en ellas se abordan temas estrictamente sindicales, que él tiene un cargo directivo en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y que las conversaciones no guardan ningún tipo de relación con la tarea encomendada”, sostiene la investigación.

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La Fiscalía añadió que desde diciembre de 2018, un juez de control de garantías lo había cobijado con medida de aseguramiento por las interceptaciones ilegales al sindicato de pilotos de Avianca (Acdac).

Tras conocida la sentencia, la defensa del oficial apeló la condena.