Ocho directivos de Bioenergy, imputados por responsabilidad fiscal

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por 31.261 millones de pesos, contra ocho directivos en su momento de Bioenergy, firma filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación. 

La decisión se adopta teniendo en cuenta que los retrasos en el inicio de operaciones de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en el Meta, afectaron el componente agrícola de este proyecto, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.

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Tal situación generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados a Riopaila, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes que sumaban 24.223 millones de pesos, explica el análisis de la Contraloría 

A esto se suma la disposición de 114 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los 9.121 millones de pesos. 

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“Los directivos suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas, beneficiando en todo momento al proveedor por un producto que no entregó o no se utilizó para el fin contratado, conociendo de antemano, la demora en la entrada en operación de la planta”, explica el organismo de control. 

En consecuencia, la Contraloría imputó culpa grave al Gerente General de Bioenergy y a su Junta Directiva, para la época de los hechos, por la pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el Contrato de suministro de caña de azúcar.