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Incautación de bienes
Incautación de bienes
Cortesía: Fiscalía General de la Nación

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación, interpuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre siete predios, que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas por la entidad en hechos de corrupción en la contratación del interconector Tunjuelo – Canoas, que pretendía apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá. 

"Se trata de cinco inmuebles rurales y dos urbanos ubicados en Chía y Ricaurte (Cundinamarca), y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare), avaluados preliminarmente en más de 40.000 millones de pesos", señala la Fiscalía a través de su comunicado. 

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Estos bienes pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, quien se habría apropiado de $48.620 millones, correspondientes al 20% de un anticipo que entregó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para la realización de esta obra que beneficiaría a la comunidad aledaña al río Bogotá. 

"Llamó la atención de la Fiscalía un predio en Casanare, cuya extensión superó las 5.000 hectáreas. Además de lujosas construcciones en Chía, en la sabana norte de Bogotá", comenta el ente investigador. 

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La Fiscalía determinó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados. 

Esta sería la segunda ocupación de Bienes que realiza la Fiscalía General de la Nación en el caso del contrato del interconector Tunjuelo – Canoas.

"En una primera fase, en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos. Dichos predios fueron ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). Sobresale en este grupo una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre", señaló el ente judicial. 

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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