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La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue la presunta participación del exrepresentante Jack Housni Jaller.

Panorámica Isla de San Andrés
Panorámica Isla de San Andrés
Colprensa.

La Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio, un conjunto de 58 bienes a una presunta red de corrupción en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos, a cambio de que los mandatarios locales les adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.

De acuerdo con los peritos, estas propiedades están avaluadas inicialmente en 150 mil millones de pesos.

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El rastreo realizado por la Fiscalía permitió detectar 51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio que estarían a nombre de funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago, además de haber estado al servicio de los consorcios contratistas.

Las diligencias de ocupación de los bienes se cumplieron en el transcurso de la semana en algunos municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá.

Estas son algunas de las propiedades incautadas:

30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos, ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Dichas propiedades pertenecientes a los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Agüero S.A. y Fernando León Díaz Cardona.

20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua.

Dentro de los bienes también se destacan dos lujosas casas ubicadas cerca a la playa en el sector Sarie Bay, valoradas en más de 5 mil millones de pesos, las cuales eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.

También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés, compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Los aportes a campañas

De acuerdo con la investigación  en 2011, Hernán Moreno Pérez, contratista y titular de la empresa Furel S.A., habría entregado 400 millones de pesos a la campaña de Aury Socorro Guerrero Bowie, para que una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.

 Para las elecciones de 2015, Moreno Pérez y otros constructores como Fernando León Diez Cardona, supuestamente aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular.

“La Fiscalía constató que los pliegos de contratación en San Andrés, al parecer fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas quedaran con las obras y sus respectivas interventorías”, indicó la vice fiscal general, María Paulina Riveros.

Asimismo, sostuvo que “en contraprestación por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller habrían recibido el 10% de lacontratación, que según los elementos probatorios superó los 120 mil millones de pesos”.

Por estos hechos, la Fiscalía compulso copias a la Corte Suprema de Justicia para que dentro de sus competencias, investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara JacHousni Jaller.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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