Odebrecht asegura que deuda de $1,2 billones debe ser pagada por la ANI

Luego de que se conociera que el Gobierno Nacional busca un acuerdo para pagar $1.2 billones en deudas que dejó la Concesionaria Ruta del Sol relacionada con Odebrecht, la empresa brasilera aseguró que estos recursos se usaron para financiar la construcción de 300 kilómetros de vía que se hicieron "sin retrasos " por lo que deben ser pagados por la ANI.

“El financiamiento referido fue invertido en la construcción de más de 300 kilómetros de vías nuevas y se rehabilitaron más de 200 kilómetros de vías existentes, que se encuentran en operación al servicio de la sociedad colombiana, sin retrasos o incumplimientos contractuales. Es decir, el pago de este financiamiento corresponde a obra construida en beneficio de la infraestructura vial de Colombia”, señaló la compañía en un comunicado.

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Según la firma constructora, socia mayoritaria en el proyecto, la mitad de esa financiación fue conseguida en "bancos pertenecientes al grupo empresarial de Corficolombiana".

“Dicha deuda corresponde al financiamiento con el cual la Concesionaria ejecutó el contrato de concesión, contratado con la banca comercial, incluyendo bancos pertenecientes al grupo empresarial de Corficolombiana, los cuales otorgaron el 50% de dichos créditos. El resto del contrato de concesión se ejecutó con el capital propio aportado por los accionistas de la Concesionaria”, explica la misiva.

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Finalmente, la compañía brasileña aseguró que no participa en las negociaciones que el Gobierno está haciendo con los bancos y reiteró que esas deudas deben asumirse en la liquidación del contrato con la ANI que está siendo revisada por un tribunal de arbitraje que tiene su fallo previsto para el próximo 6 de agosto.

“Ni la Concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores ni con el Estado. La empresa considera que el pago del financiamiento de las obras efectivamente ejecutadas debe realizarse con el valor de liquidación del contrato que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso y con fecha de fallo previsto para el día 6 de agosto, a fin de evitar que se genere un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano” , puntualiza el comunicado.