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Odebrecht
Odebrecht, la compañía que pagó sobornos para obtener obras públicas.
AFP

La Fiscalía General pidió archivar el proceso que se adelanta contra los empresarios Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo y Gilberto Ramírez Varela por su presunta participación en los hechos que rodearon el movimiento de sobornos para favorecer la entrega de contratos a la multinacional Odebrecht.

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El fiscal del caso indicó que los empresarios no habrían tenido conocimiento de las acciones ilegales que habría adelantado Roberto Prieto Uribe. Debido a esto pidió que se precluya la investigación a favor de Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland y Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E.

“Teniendo en cuenta los cargos que había mantenido el señor Roberto Prieto Uribe pues no les hacía sospechar de ninguna manera a los imputados que el ingreso y envío de ese dinero a sus cuentas fueran producto de una conducta delictiva”, precisó el representante de la Fiscalía General.

En simples palabras, para la Fiscalía General Roberto Prieto engañó a los dos empresarios aprovechando su cercanía y amistad. Cuando todo se presentó tanto Saldarriaga como Ramírez no tenían conocimiento que se estaba presentando el mencionado acto ilegal.

Hace un mes la Fiscalía General los había acusado por el delito de lavado de activos citando que movieron en las cuentas de sus empresas 750 millones de pesos que terminaron finalmente en manos de Roberto Prieto Uribe y Eduardo Zambrano para beneficiar a Odebrecht.

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Tras conocer nuevas pruebas se determinó que Roberto Prieto indicó de manera clara “cómo se debían hacer las transacciones” y nunca les dio más detalles de las mismas. Debido a la falta de otros elementos materiales probatorios se determinó que el caso debe cerrarse.

Por estos mismos hechos tiene pendiente un proceso pendiente Prieto Uribe quien habría movido dineros para beneficiar a Odebrecht con la entrega de los contratos de los estudios y diseños del proyecto de Puente Palto-Magdalena.

Este viernes el juez especializado de Bogotá definirá si avala o no petición presentada por la Fiscalía General.

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