ONU apoya un marco legal para sometimiento de grupos armados ilegales en Colombia

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió este martes algunas recomendaciones al nuevo gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la creciente violencia en Colombia, que en lo que va de este 2022, se ha cobrado la vida de más de 100 personas. 

Según Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada, lo más urgente para el país es "revisar la estrategia del Estado para enfrentar" grupos armados no estatales y organizaciones criminales, "para proteger a las poblaciones afectadas y así garantizar el disfrute y el ejercicio de sus derechos". 

Lea aquí: La ONU ha invertido 180 millones de dólares en proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz

Para lograr eso, la oficina de la ONU hace cuatro recomendaciones. La primera de ellas es reducir y eliminar la presencia de estos grupos mediante la combinación de cuatro factores: 

"La implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos; la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como está previsto en el Acuerdo de Paz; la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos". 

Y es que De Rivero consideró que el enfoque que hasta ahora ha asumido el Estado colombiano, que "en la práctica ha puesto principalmente en manos de la Fuerza Pública la solución de la situación de violencia", es limitado. 

"El éxito del Estado debe medirse en una disminución sustantiva de las afectaciones de derechos humanos y no en términos de número de bajas o capturas infligidas a los grupos armados no estatales y a las organizaciones criminales", dijo. 

La representante también criticó la falta de implementación de los Acuerdo de Paz y "la precaria extensión de la autoridad civil del Estado" en zonas de conflicto, como factores que contribuyen a la violencia. 

"La estrategia de seguridad del Estado debe enfocarse en la protección de la población civil y la prevención mediante la atención de las causas estructurales de la violencia incluidas en el Acuerdo de paz", señala la ONU. 

Las otras recomendaciones tiene que ver precisamente con "priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral". 

También "consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios". 

Finalmente, "reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios". 

Aumentan un 200 % las masacres

Este informe, que también lo presentó en Ginebra la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, registró el alarmante aumento de asesinatos y masacres en Colombia. 

Se habla de un "aumento de aproximadamente un 200% en el número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, siendo particularmente afectados los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca".  

Justamente entre 2016 y 2021, la ONU verificó 562 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y de ella, al menos 61 eran indígenas, 21 afrodescendientes y siete personas LGBTI. 

Solo en lo que va de este año, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, la Oficina verificó 33 masacres, 13 más se encuentran en proceso de verificación y 8 fueron considerados como no concluyentes. En los casos verificados hasta el momento hay un total de 108 víctimas". 

Le puede interesar: Misión de la ONU pide investigar el escándalo de los dineros para la paz

De ese número de víctimas, al menos 22 son defensores de derechos humanos. Pero la cifra real de asesinatos de activistas podría ser incluso mayor, ya que la Oficina de la ONU, que ha recibido hasta 114 denuncias en este sentido que en muchos casos aún están en proceso de verificación, frente a las 100 que confirmó en 2021.

"Instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia", señaló Bachelet en un comunicado a propósito de la publicación del informe.