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El departamento está en alerta por el incremento de homicidios a defensores en el país
Foto archivo

La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, propuso que se formule una política pública que permita que los determinadores de los crímenes de líderes sociales y los grupos a los que pertenecen, sean judicializados.

También señaló que el Gobierno debe construir una reforma rural integral que atienda todas las necesidades de las comunidades campesinas del país.

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Destacó además la importancia que cumplir lo que se pactó en los acuerdos de paz.

“Desmantelar los grupos generadores de violencia contra líderes y lideresas sociales, lo que implica también la adopción de una política de desmantelamiento de estos grupos a través de la comisión de garantías de seguridad”, dijo la ONU. 

Agregó además que se debe “poner en marcha una verdadera reforma rural integral para crear alternativas durables a las economías ilícitas y garantizar los derechos económicos y sociales de la población”.

La Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia insistió en que el Estado debe hacerse presente en todos los territorios del país, garantizando que exista una amplia cobertura de la oferta institucional.

“La intervención integral y coordinada en los territorios y el acceso y materialización de los derechos económicos y sociales y la adopción de medidas diferenciales favorece la consolidación de la paz y promueve un ambiente propicio para la defensa de los Derechos Humanos”, afirmó.

Enfatizó en que el Gobierno y las autoridades deben avanzar en la investigación total de los sectores que están detrás de los ataques, amenazas y asesinatos de los líderes sociales.

“Para luchar contra estas violaciones, también es esencial que cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función – sea esta de control, de investigación u otro – para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”, dijo la funcionaria de las Naciones Unidas. 

De Rivero aseguró que más allá de definir las cifras en cuanto a este tipo de crímenes, lo importante es prevenir y salvar las vidas de quienes desde los corregimientos, las veredas, municipios y departamentos, están reclamando mejores condiciones sociales para las comunidades.

“Lo importante acá – no son las cifras. Sería un error creer, frente a lo que está ocurriendo en el país, que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales – se trate de 10, 20 o más de 100 casos”, manifestó De Rivero. 

En ese sentido agregó que “cada amenaza, ataque y asesinato contra los defensores y las defensoras, tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de Derecho”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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