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Insisten qué medida debe ser permanente ante hacinamiento 

Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet.
AFP

La Defensoría del Pueblo manifestó que,  “apoya al Ministerio de Justicia para que expida con prontitud el Decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente, con mayor cobertura, sin criterios reduccionistas estrangulantes, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios”.

A esta solicitud se sumó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que en su cuenta de Twiter señaló que,  “se une a la petición de la Defensoría del Pueblo”.

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El comunicado inicial de la Defensoría se produjo tras el fallecimiento de dos internos en la cárcel de Villavicencio, el defensor Carlos Negret dijo que ante la emergencia nacional derivada del COVID-19, ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad.

Negret explicó que el pasado 23 de marzo, “convocó al Gobierno nacional para que la Emergencia Carcelaria sea el inicio para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios y así como apoyó las medidas excepcionales de política criminal, consideró que no son suficientes y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia”.

Además, señaló el defensor que, “se pidió que las medidas tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y en las Estaciones de Policía donde el Estado de Cosas Inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios.”

El llamado de la ONU no es nuevo, puesto que el pasado 25 de marzo la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió el miércoles la urgente reducción del número de presidiarios alrededor del mundo para evitar que la pandemia de coronavirus cause estragos en las cárceles, generalmente superpobladas.

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Bachelet exhortó a: "gobiernos y autoridades competentes a trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas", liberando por ejemplo a "los reclusos de mayor edad y a aquellos que están enfermos, así como los que presentan un riesgo menor". 

La pandemia de "COVID-19 ha comenzado a golpear las prisiones y los centros de detención de inmigrantes, al igual que los centros de salud residenciales y los hospitales psiquiátricos, y amenaza con provocar una devastación entre esas personas extremadamente vulnerables", señaló finalmente la ONU. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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